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A través de un proyecto de acuerdo.

Senadores solicitan que se extienda gratificación especial de protección de autoridades a Carabineros y PDI.

Aquellos funcionarios que realizan dichas funciones para la protección del Presidente de la República y los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial, cuentan con una gratificación especial equivalente al 20% de su sueldo base, mientras que aquellos que se desempeñan en la misma labor, pero no sobre las autoridades antes mencionadas, no cuentan con la misma bonificación.

6 de febrero de 2018

A través de un proyecto de acuerdo, los senadores solicitaron a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que envíe un proyecto de ley, mediante el cual se extienda el otorgamiento de la gratificación especial de protección de autoridades, a todos los funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) que cumplan esta labor.
El proyecto fue presentado por los senadores Muñoz, Von Baer, Allamand, Bianchi, Coloma, De Urresti, García Ruminot, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos Weber, Matta, Navarro, Ossandón, Prokurica, Quintana y Quinteros.
Los parlamentarios recuerdan que es labor de Carabineros y de la PDI  resguardar por la vida e integridad física de autoridades con perfil de riesgo como el Presidente de la República, Jefes de Estado extranjeros, senadores, diputados, entre otros, y que “se estima que el número de escoltas dependientes de las Fuerzas del Orden y Seguridad supera las 100 personas, mientras que quienes lo hacen sujetos a la PDI serían aproximadamente 38 funcionarios”.
En la legislación vigente, aquellos funcionarios que realizan dichas funciones para la protección del Presidente de la República y los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial, cuentan con una gratificación especial equivalente al 20% de su sueldo base, mientras que aquellos que se desempeñan en la misma labor, pero no sobre las autoridades antes mencionadas, no cuentan con la misma bonificación.
Este sesgo, según sostienen los senadores, sería una “distinción que parece injusta y arbitraria, carente de un fundamento fáctico razonable porque ambas categorías de funcionarios requieren la misma preparación profesional para desempeñar su cometido, ellos ponen en riesgo de igual manera su vida e integridad física, con el propósito de resguardar la vida de un tercero constituido en dignidad o autoridad”. 

 

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