La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Márcio Matos, campesino integrante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Brasil. El asesinato ocurrió el último día 24 de enero, en Iramaia, en el estado brasileño de Bahia.
De acuerdo a la CIDH, según las informaciones recibidas, Márcio Matos habría sido asesinado a tiros durante la noche del día 24 de enero, frente a su hijo de seis años. Los cinco tiros disparados contra el campesino se concentraron en la región del tórax y de la cabeza, lo que indica que él no tuvo posibilidad de defenderse.
La CIDH toma nota de las medidas tomadas por el Estado de Brasil para investigar este caso, y recuerda que es obligación del Estado conducir estas investigaciones de manera oportuna imparcial, seria y exhaustiva, agotando todas las líneas de investigación lógicas. En este sentido, el Estado debe considerar el rol del defensor del derecho a la tierra como una característica que podría posiblemente haber motivado tal crimen.
A continuación, la CIDH subraya la importancia que dichas investigaciones estén direccionadas a propiciar el acceso de los familiares a la justicia, prestándoles informaciones pertinentes y ofreciéndoles amplia oportunidad de participación.
Luego asegura que de acuerdo a datos parciales de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2017, 65 personas fueron asesinadas en conflictos en el campo, lo que convertiría a Brasil en uno de los países más violentos para campesinos y campesinas.
Frente a esta situación, la CIDH insta al Estado a adoptar inmediata y urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de defensoras y defensores del derecho a la tierra y al medio ambiente en Brasil, dando especial énfasis política y presupuestaria a la implementación de su Programa Nacional de Protección de Defensores/as de Derechos Humanos.
La CIDH reafirma, tal como manifestó en 2017, que la labor de defensoras y defensores de la tierra y del ambiente es esencial para la construcción de una sociedad democrática, y que ellos y ellas poseen un rol protagónico en el proceso para el alcance pleno del Estado de Derecho y fortalecimiento de la democracia.
Por último, la Comisión asevera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores en el campo y en la ciudad no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan además contra el papel fundamental que desempeñan en la sociedad, y sume en la indefensión a todas aquellas personas a quienes defienden.
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