La Cámara de Diputados solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, instruir a los Ministerios del Trabajo y de Hacienda que adopten las medidas necesarias para equiparar laboralmente a los trabajadores a honorarios del sector público con los funcionarios de la Administración del Estado, a través de una resolución que fue aprobada por 71 votos a favor y 19 abstenciones.
La iniciativa fue planteada a la Sala por los diputados Chahin, Venegas y Pilowsky y Saffirio.
Cabe señalar que los legisladores llaman al Ejecutivo a definir una prórroga de dos años para la entrada en vigencia de la Ley 20.255, para los trabajadores a honorarios del sector público, de modo que la cotización previsional del 100% de la renta imponible comience a operar solo en el año 2020 para estas personas.
Además se pide la creación de una cartera de seguros colectivos de renta vitalicia, en el cual se garantice el capital del cotizante, teniendo una proyección estimada de vida, no mayor a los 90 años; y el aseguramiento de una pensión mínima igual al 80% de las últimas 36 boletas de honorarios (aplicable a las mujeres que superan los 50 años de edad y para los hombres que superen los 55 años), al año 2020, toda vez que sus cotizaciones no alcanzarán a cubrir la pensión mínima solidaria.
Asimismo, se solicita la creación de un estatuto jurídico propio y exclusivo aplicable a los trabajadores contratados a honorarios y el traspaso automático al Código del Trabajo a todas las trabajadoras a honorarios que estén embarazadas, de modo que puedan acceder a todos los beneficios maternales que regula dicho cuerpo legal.
También, los diputados piden que se establezca que la renta líquida actual de cada trabajador a honorario sea respetada como una base mínima, aumentando proporcionalmente los honorarios respecto de los pagos que esta ley dispone, de manera que no disminuyan por el efecto de esta.
Junto con ello, se requiere de una modificación al aspecto formal de la boleta de honorarios, para que se incluya un desglose por cada ítem que no constituyen propiamente prestación de servicios, por ejemplo, movilización y alimentación, evitando así tributar por esos ingresos.
Finalmente, se llama a la creación de mesas interministeriales y sectoriales que aborden la problemática que afecta a los trabajadores contratados a honorarios, en todas sus dimensiones, particularmente a los trabajadores municipales.
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