Amnistía Internacional afirmó que la firma del primer acuerdo legalmente vinculante para proteger los derechos de acceso en cuestiones medioambientales en 24 países de Latinoamérica y el Caribe constituye una gran victoria para quienes defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente en la región.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que “este acuerdo histórico es un paso adelante fundamental para garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en cuestiones medioambientales, pero también establece una importante norma y hace responsables a los Estados de la seguridad y la protección de los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que han puesto su vida en peligro durante años. Se trata de un ejemplo sin precedentes que el mundo entero puede seguir”.
Sin embargo, agrega que “la mera firma de un tratado no basta. Los países de la región deben tomar medidas concretas para poner fin a las amenazas y los ataques, a menudo mortales, contra quienes defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente”.
Según la ONG Global Witness, al menos 197 personas defensoras fueron asesinadas el año pasado por defender la tierra o los derechos ambientales. Latinoamérica fue la región más mortal del mundo para este grupo de personas: allí tuvieron lugar aproximadamente el 60% de los asesinatos cometidos en el mundo.
Amnistía recuerda que fue firmado el 4 de marzo en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países, el tratado que implementa el principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en la Cumbre para la Tierra de 1992, que establece salvaguardias para los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en cuestiones medioambientales.
La especialista plantea que “el respeto de estos derechos es crucial para garantizar que las decisiones relativas al medio ambiente reflejan las opiniones, las necesidades y los derechos de las personas más afectadas por ellas, y que las violaciones de derechos humanos relativas al medio ambiente no quedan impunes”.
Cabe señalar que el acuerdo impone también obligaciones específicas para proteger de amenazas y ataques a las personas que defienden los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, para investigar y castigar cualquier agresión contra estas personas, y para garantizar sus derechos a la vida, la integridad personal, la reunión pacífica y la libertad de circulación, expresión y asociación.
Por último, el organismo destaca que los 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020 e insta a todos los países de la región a firmar y ratificar el tratado, y a adoptar mecanismos oportunos y efectivos para su aplicación.
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