Modifica la Ley N° 20.000.
Proponen sancionar con penas privativas de libertad a conductores que consuman drogas u otras sustancias prohibidas.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La moción del senador Chahuán expone que la Ley de Tránsito, contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, establece en su artículo 13 N° 4, que entre los requisitos generales que deben cumplir los postulantes a obtener licencia de conducir, está el de acreditar, mediante declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 20.000 y su Reglamento.
Se agrega en la citada disposición que la fiscalización del cumplimiento de ella, se hará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de este cuerpo normativo, vale decir, que por parte de funcionarios de Carabineros se pueda someter al conductor a una prueba respiratoria o de otra naturaleza destinada a acreditar el hecho de conducir bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas. Asimismo, en el mismo ordenamiento legal de tránsito, se establece en su artículo 19, que los titulares de conducir deberán acreditar cada cuatro años, si se trata de licencia profesional, que se cumpla con la declaración jurada dispuesta en el artículo 13 N° 4 ya citado, vale decir, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas prohibidas que alteren o modifiquen la plenitud de las capacidades físicas o síquicas, conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 20.000 y su Reglamento. Sin embargo, la declaración jurada queda sujeta al mero arbitrio de quien la emita, por lo que no puede comprobarse su veracidad y por otra parte durante el período que media entre una y otra acreditación, puede darse el caso que un conductor profesional, sea efectivamente consumidor de drogas, estupefacientes y sustancias sicotrópicas prohibidas, que hacen de su conducción un peligro para los demás conductores o transeúntes, más aún si se trata de vehículos que transporten personas.
El senador agrega que a comienzos del mes de febrero del presente año, un bus perteneciente a una empresa de turismo que transportaba a un grupo de personas con destino a Paraguay, desbarrancó en el sector Las Cuevas, de la ruta a la ciudad de Mendoza, República Argentina, con resultado de tres menores muertos y trece heridos, dada la fuerte velocidad a la que lo guiaba su conductor en un sector de curvas pronunciadas. Un posterior examen practicado por funcionarios policiales de ese país, determinó que el conductor del bus siniestrado había consumido cocaína y marihuana antes de emprender el viaje a su destino, lo que indudablemente incidió en el resultado fatal del accidente.
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