De acuerdo a Amnistía, el 24 de marzo se celebró una polémica votación en el Parlamento tunecino sobre la prórroga del mandato de la Comisión de la Verdad y la Dignidad hasta el término de 2018.
Explica el organismo que  aunque la ley por la que se creó la Comisión confería a ésta la facultad de prorrogar su mandato hasta un año, los parlamentarios insistieron en someter la decisión a votación, en un aparente intento de impedir la prórroga.
Así, Amnistía asegura que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad se ha visto obstaculizado por la negación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa a cooperar con las peticiones de información, incluido el acceso a los archivos oficiales, y a responder a citaciones.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, sostuvo que “es prácticamente imposible que la Comisión de la Verdad y la Dignidad finalice su trabajo en los próximos dos meses, motivo por el cual sus integrantes decidieron que necesitaban más tiempo. La ley obliga a los parlamentarios a respetar la decisión independiente de la Comisión de prorrogar su mandato”.
A continuación enfatiza que “decenas de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos han puesto su confianza en la Comisión de la Verdad y la Dignidad para ejercer su derecho a la verdad y la justicia por crímenes que han permanecido impunes durante décadas. En lugar de tratar de bloquear el trabajo de la Comisión, los parlamentarios deberían centrarse en ver la manera de facilitar y apoyar el pleno cumplimiento de su mandato, garantizando para ello la cooperación de los organismos estatales en las investigaciones”.
Amnistía explica que desde que comenzó a funcionar, en 2014, la Comisión de la Verdad y la Dignidad ha celebrado sesiones en todo Túnez y ha recibido más de 62.000 casos de abusos contra los derechos humanos. La Comisión se creó en virtud de la Ley Orgánica sobre el Establecimiento y la Organización de la Justicia Transicional de diciembre de 2013. 
El mandato de la Comisión, continúa, es descubrir la verdad sobre los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que se perpetraron entre 1955 y 2013. Otras funciones de su mandato son el arbitraje en casos de delitos económicos, la creación y administración de un programa de reparaciones individuales y colectivas, la elaboración de recomendaciones para garantizar que no se repitan delitos cometidos en el pasado y la reforma de las instituciones del Estado implicadas en la perpetración de violaciones de derechos humanos, lo que incluye proponer que se verifiquen los antecedentes de miembros de instituciones del Estado.

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