En un artículo publicado recientemente, Peter J. Messitte, Juez Federal Senior del Distrito de Maryland de los Estados Unidos, analiza el estado actual de la judicatura en los Estados Unidos y la compara con los jueces en Brasil.
En primer lugar, el autor describe la estructura judicial en los Estados Unidos y la forma en que se aplican los derechos estatales y el derecho federal. Luego, se refiere a las características que tienen los jueces, enfatizando que para determinar el derecho aplicable se basan no sólo en los relativamente pocos códigos existentes, así como en extensos diplomas legales (que en Brasil se clasificar como leyes ordinarias), sino también en el «case law», o sea, en la jurisprudencia predominante en una determinada materia. Asimismo, desatca que los jueces son nombrados generalmente después de una carrera exitosa como abogado, promotor público o por haberse destacado en la vida académica, y existen varios métodos de selección: alrededor de un tercio de los estados utiliza el llamado Plan Missouri para seleccionar jueces, en el que un comité de alto nivel selecciona a 3 o más candidatos y el gobernador hace el nombramiento con base en esa lista, mientras que en otros estados son designados por los gobernadores, el poder legislativo, mediante elección popular o sistemas mixtos de elecciones y mérito. En el caso de los jueces federales, es decir jueces de las Cortes Distritales, Cortes de Apelación y Suprema Corte son nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y sometidos a la sabatina ante el Senado, que aconseja y acepta el nombramiento, sin que existan requisitos prescritos para ser un Juez Federal, o incluso para llegar a la Corte Suprema, sin perjuicio que existe la tradición de que los más experimentados abogados de buena reputación y realización son apuntados para estas Cortes.
A continuación, el artículo señala que ha habido una notable politización del proceso de selección de los jueces federales. En efecto, los presidentes han tenido la tendencia de nombrar a jueces que comparten su filosofía política. Históricamente, esto ha sido cierto, especialmente en cuanto a los nombramientos para la Corte Suprema en contraste con los nombramientos para los Tribunales de Apelación y los Tribunales Distritales. Pero, sin embargo, existe una tradición de independencia de los jueces que han desmentido cualquier sugerencia de que los jueces asumen sus puestos meramente para realizar los deseos del Jefe del Ejecutivo que los nombró. Hay casos bien conocidos en los que nombrados de izquierda se han vuelto bastante conservadores una vez en el cargo y de nombrados de derecha que se han vuelto bien liberales. Sin embargo, el presidente Ronald Reagan, continuando con George Bush, George W. Bush, y ahora Donald Trump, han concentrado en llenar al Judicial Federal con jueces decididamente más conservadores (conservadores confiables).
Luego, el juez expone que, en el pasado reciente, más de un tercio de los casos ante la Corte (24 casos) fueron decididos por votos de 5 a 4. De ellos, 20 se dividieron a lo largo de frágil y movediza línea divisoria consecutiva-liberal. En ellos destacan: la prohibición del procedimiento por algunos llamado “aborto parcial de nacimiento”, límites a la autonomía de las escuelas de mantener diversidad racial, casos favorables a empresas, entre otros. Lo anterior da cuenta que hubo un cambio significativo de la mayoría de la Corte a la derecha y que esa será la mayoría que prevalecerá por muchos años aún, dada la edad relativamente joven de los miembros de esa mayoría conservadora.
Más adelante, el autor indica que una posible explicación a la creciente politización del Judiciario Federal sería como el resultado de una continua insatisfacción por parte de segmentos de la población en cuanto a la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe v. Wade, que declaró institucionales algunas restricciones al aborto promulgadas en los estados. Lo anterior se materializa en varias propuestas de represalia contra jueces durante el paso del control de ambas Casas del Congreso a los Republicanos durante la gestión de George W. Bush, como: el Congreso aprobó sentencias mínimas obligatorias para determinados crímenes y Directrices Obligatorias de Sentencias (hasta que la Corte Suprema los declaró inconstitucionales); los jueces fueron obligados por el Congreso a justificar las sentencias que se desviar de las Directrices Obligatorias de Sentencias; sugerencias de que el presupuesto del Poder Judicial debería recibir cortes; la propuesta de crear un Inspector General para el Judicial Federal, entre varias otras. Si bien la mayoría de estas propuestas verdaderamente radicales no ha sido apreciada en los últimos años, al menos en lo que se refiere al Congreso, actualmente las perspectivas no son muy auspiciosas con el presidente Donald J. Trump y sus reiterados ataques contra los jueces.
Enseguida, continúa el texto destacando ciertos factores ayudan a dar mejores perspectivas a las cortes y a los jueces. Las más recuentes encuestas de opinión revelan que el público se mantiene sobre todo confiado en la independencia e integridad de los tribunales en Estados Unidos, y si bien la confianza de los estadounidenses en el Poder Judicial no es tan alta como ya fue, ha sido consistente y todavía está muy por encima de la confianza del público en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por ello, aun cuando los tribunales, jueces y sentencias judiciales no están por encima de la crítica, los llamamientos a la represalia contra los jueces por sus decisiones en casos concretos son totalmente contrarios a la idea de un poder judicial independiente. Ciertamente patrones éticos y sanciones disciplinarias deben ser impuestos a jueces que se involucran en prevaricación u otras irregularidades en actos de su puesto, pero sin embargo, lo que hay que hacer en Estados Unidos probablemente trae lecciones para los tribunales de otros países. Así, recomienda que los estadounidenses necesitan ser educados acerca de sus tribunales y jueces, sobre la Constitución, su estructura y el concepto de independencia del poder judicial; donde los jueces son elegidos, la presión de grupos de interés debería reducirse y la selección debería ser una feria sobre la base del mérito; y los tribunales y jueces deben protegerse de los ataques político-partidistas.
De ese modo, el artículo concluye indicando que en septiembre de 2015, la Conferencia Judicial en los Estados Unidos, que es esencialmente el órgano gobernante del Poder Judicial en los Estados Unidos, estableció un Plan Estratégico para el Poder Judicial Federal. El plan identificó siete cuestiones fundamentales que la Conferencia consideró que el Poder Judicial necesitaba abordar, así como respuestas para cada una de estas cuestiones: entrega de la justicia; gestión de recursos públicos; visualizar la fuerza de trabajo judicial del futuro; aprovechamiento de la tecnología; mejorar el acceso al proceso judicial; mejorar la relación del Poder Judicial con el Congreso y el Ejecutivo debe ser mejorada; y buscar esfuerzos para aumentar la comprensión y confianza del público en el Judiciario.
Vea texto íntegro de la publicación.
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