CGR recuerda que suscripción de avenimiento debe contar con el acuerdo previo del concejo municipal.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del diputado- sobre la legalidad del acuerdo adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Frutillar, respecto de la aprobación de una indemnización ascendente a $27.000.000, que se pretende pagar a una directora así como sobre su reincorporación al Liceo Ignacio Carrera Pinto de la mencionada comuna, y de la pertinencia de pagarle sus remuneraciones por los meses en que no desempeñó labor alguna, requiriendo también, que se efectúe una investigación por los perjuicios que las situaciones descritas estarían ocasionando a los padres y apoderados, funcionarios y alumnos del citado plantel de educación; ello, de conformidad con los antecedentes que expone.

El alcalde de ese municipio informó que luego de haberse puesto término a la relación laboral de la directora, mediante decreto alcaldicio N° 812, de 2016, como resultado del sumario administrativo instruido en su contra, se le notificó a la entidad edilicia, con fecha 9 de enero de 2017, una demanda de tutela laboral presentada por la sumariada por vulneración de derechos fundamentales, cobro de prestaciones laborales y daño moral por una cuantía aproximada a los 180 millones de pesos, y que corresponde a la causa RIT T-21-2016, tramitada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Varas.

Asimismo, indica que se procedió a examinar la situación descrita, presentando esa jefatura comunal al órgano colegiado municipal una propuesta de acuerdo transaccional para poner término al referido juicio, obligándose la corporación edilicia al pago único de la suma indicada por el parlamentario recurrente, avenimiento que fue aprobado por el tribunal mediante resolución de 6 de abril de 2017.