El Ministro en visita de causas de derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique acusó a 25 miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en homicidios calificados y apremios ilegítimos en el denominado Caso El Polvorín.
En la investigación por los delitos de homicidio calificado y apremios ilegítimos de Florentino Alberto Molina Ruiz, Juan Antonio Chávez Rivas, Víctor Hugo Valenzuela Velásquez, Juan Carlos Ruiz Mancilla, Amador Francisco Montero Mosquera, Pedro Juan Mardones Jofré y Carlos Aillañir Huenchual, ocurridos entre septiembre y noviembre 1873 al interior del Regimiento N° 8 "Tucapel" de Temuco.
El Magistrado responsabilizó a Manuel Vásquez Chahuán, Anacleto Aguire Rivera, Manuel Campos Ceballos, Juan Carlos Concha Belmar, Sergio Vallejos Garcés, Gabriel Dittus Marín, Héctor Villablanca Huenulao como autores de homicidio calificado de las víctimas.
Además se acusó a Jaime García Covarrubias, Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López, Mario Arias Díaz y Alfonso Podlech Michaud como autores de homicidio calificado y apremios ilegítimos de las víctimas.
Por su parte, Carlos Oviedo Arriagada, Norberto Uribe Moronio, Pedro Tichahuer Salcedo, Romilio Lavín Muñoz, Juan Bautista Labraña Luvecce como autores de homicidio calificado y cómplices de apremios ilegítimos.
A Orlando Moreno Vásquez, Raúl Schonherr Farías, Daniel San Juan Clavería, Omar Burgos Dejean, Hernán Quiroz Barra se los responsabilizó como cómplices de homicidio calificado y autores de apremios ilegítimos.
Con respecto de Libardo Schwartenski Rubio y José Inzunza Reyes se los acusó como autores de apremios ilegítimos. Arnoldo Aedo Matus fue responsabilizado como cómplice de homicidio calificado.
La investigación del Ministro Mesa determinó que: Después del 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron contra de Temuco nombrando cono intendente al coronel Hernán Ramírez Ramírez y como gobernador al coronel Pablo Iturriaga Marchesse, ambos ya fallecidos. Ese mismo día fue llamado a colaborar con el nuevo régimen el abogado Alfonso Podlech Michaud, teniente de reserva del Ejército, quien apoyó la gestión del fiscal militar que comenzó a funcionar al interior del regimiento "Tucapel" y que estaba a cargo del mayor Luis Jofré Soto, también fallecido. Ante este tribunal especial fueron llamados a presentarse personalidades opositoras al nuevo régimen entre ellas las víctimas, las que fueron detenidas por personal del Regimiento "Tucapel" y de patrullas especiales formadas en esa unidad militar.
La resolución dice que durante los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, resultaron muertas o desaparecidas un número importante de personas en la IX región, siendo explicadas varias de estas muertes por las autoridades militares regionales mediante la publicación de bandos emanados ya sea desde la Intendencia o desde la Guarnición Militar de Temuco. El bando que explicó los hechos materia de esta investigación, a la luz de los antecedentes reunidos en este proceso, da una versión poco creíble de cómo se desencadenaron los acontecimientos de la noche del 10 de noviembre de 1973, teniendo en consideración lo declarado por Manuel Ángel Fernández Carranza (fs. 222), quien posterior a los hechos del día 10 de noviembre de 1.973, y una vez llegado desde una misión que le encomendaran hacia el sector de Pucón en búsqueda de guerrilleros, fue citado por el entonces comandante del Regimiento N° 8 Tucapel de Temuco Pablo Iturriaga Marchesse (Q.E.P.D.), para informarle que el asalto al polvorín no había sido tal, sino que una ejecución efectuada en el polígono, información que él le daba personalmente con el fin de que no se enterara por trascendidos.
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