Noticias

Derechos Humanos.

Amnistía Internacional destaca un faro de esperanza en la tendencia a la baja de ejecuciones y condenas a muerte en el África subsahariana.

Según el informe anual sobre la pena de muerte en el mundo del organismo, el África subsahariana ha dado grandes pasos en la lucha mundial por la abolición de la pena capital, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte en toda la región.

13 de abril de 2018

Amnistía Internacional afirma que se han observado avances en toda el África subsahariana, donde las condenas a muerte han disminuido sustancialmente y ha habido iniciativas legislativas constantes.
Según Amnistía en su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, el África subsahariana ha dado grandes pasos en la lucha mundial por la abolición de la pena capital, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte en toda la región.
Guinea se ha convertido en el 20º Estado del África subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Kenia ha abolido la pena capital preceptiva para el asesinato. Burkina Faso y Chad ha avanzado también en la eliminación de esta pena, con nuevas leyes o proyectos de ley.
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, declaró “los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición. El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance”.
Agrega que “avanzado ya el año 2018, los gobiernos de la región continúan tomando medidas para reducir y revocar la pena de muerte, mientras la soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca”.
Asimismo sostiene que “ahora que 20 países del África subsahariana han abolido la pena capital para todos los delitos, es el momento de que el resto del mundo siga su ejemplo y relegue esta aberrante pena a los libros de historia”.
Amnistía Internacional registró un descenso en el número de países del África subsahariana que consuman ejecuciones: de cinco en 2016 a dos en 2017 —Somalia y Sudán del Sur— en los que se haya tenido constancia de ejecuciones. Asimismo, la organización resaltó que las noticias sobre la reanudación de las ejecuciones en Botsuana y Sudán en 2018 no pueden eclipsar los avances experimentados en otros países de la región.
Por su parte, Gambia firmó un tratado internacional por el que se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a marchar hacia la abolición de la pena de muerte. El presidente gambiano dictó, en febrero de 2018, una moratoria oficial (suspensión temporal) de las ejecuciones.

 

Tendencias preocupantes

Sin embargo, arguye Amnistía, en 2017 siguieron observándose preocupantes tendencias en el empleo de la pena de muerte. En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que la de Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).
Amnistía Internacional registró ejecuciones por cuestiones de drogas en cuatro países: Arabia Saudí, China (donde las cifras están clasificadas como secreto de Estado), Irán y Singapur. El secretismo que rodeaba la pena capital en Malasia y Vietnam impidió determinar si se habían llevado a cabo o no ejecuciones por delitos de drogas.
“Pese a los avances en la abolición de esta pena aberrante, quedan aún unos cuantos líderes que prefieren recurrir a la pena capital como ‘solución rápida’ en lugar de abordar la raíz de los problemas con políticas humanas y de base empírica. Los líderes fuertes ejecutan políticas, no a personas”, afirmó Salil Shetty.
Agrega que “las draconianas medidas contra las drogas que se aplican ampliamente en Oriente Medio y la región de Asia y Oceanía han fracasado estrepitosamente a la hora de solucionar el problema”.
De igual forma, Amnistía detalla que los gobiernos violaron en 2017 varias prohibiciones más de derecho internacional. En Irán, al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte. Asimismo, en Estados Unidos, Japón, Maldivas, Pakistán y Singapur, se ejecutó a personas con discapacidad mental o intelectual, o se las mantuvo condenadas a muerte. En Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán, Amnistía Internacional registró varios casos de personas condenadas a muerte tras haber “confesado” delitos bajo tortura u otros malos tratos. En Irán e Irak, estas “confesiones” se retransmitieron en directo por televisión.
Aunque el número total de países que llevaron a cabo ejecuciones permaneció inalterado, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción. En Egipto, el número de condenas a muerte registradas aumentó en casi un 70% en comparación con 2016.
“En los últimos 40 años, hemos presenciado una enorme y positiva transformación en la percepción de la pena de muerte, pero es necesario dar más pasos para erradicar esta terrible práctica de homicidios sancionados por los Estados”, manifestó Salil Shetty

 

Vea texto íntegro del documento

 

RELACIONADOS
*Amnistía Internacional entrega guía con tres pasos para proteger tus datos personales…
*Amnistía Internacional condena que a un año de la "purga gay" en Chechenia no se ha hecho aún justicia para las víctimas…

 

Te recomendamos leer:

Agregue su comentario

Agregue su Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *