Hoy viernes, el Presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica Maldonado, rindió cuenta pública respecto de las actividades institucionales de orden jurisdiccional y administrativo desempeñadas por esa Magistratura durante el año 2017, dando cumplimiento así al artículo 8°, letra h) y la exigencia establecida en el artículo 155 de la LOCTC, como también en la política de transparencia y acceso a la información pública que la Magistratura Constitucional promueve.

En el acto se destacó, entre otros temas, que durante año 2017 ingresaron a revisión 24 Proyectos de Ley por este concepto. Esto supuso el examen preventivo de constitucionalidad de casi 150 artículos, de los cuales solo 9 fueron declarados inconstitucionales.   

De igual modo, hizo presente que los requerimientos de inaplicabilidad han experimentado un crecimiento exponencial en el último tiempo. Mientras en el periodo 2010-2016 ingresaron anualmente, en promedio, 245 causas de inaplicabilidad, el año pasado la cifra casi llegó a los 900 requerimientos (883 para ser exactos).

En cuanto a las contiendas de competencia, también durante el año 2017, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 93, N° 12, de la Carta Fundamental, el Tribunal Constitucional dirimió una contienda de competencia que sentó precedente.

La sentencia rol 3283-16, se refirió al alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República. El Tribunal reiteró que todos los actos de la autoridad administrativa son susceptibles de reclamo ante los tribunales de justicia. Pero dispuso que una acción declarativa de mera certeza, como fue la que se entabló contra un dictamen del ente contralor, no permite al juez de la causa sustituirse en las competencias constitucionales que le asisten al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al propio Tribunal Constitucional, para disponer que empleados de un servicio civil de la administración pública puedan incorporarse al régimen previsional reservado exclusivamente a las FF.AA.

Tampoco estuvo ajena de esta presentación la agresión sufrida por el ministro Hernández Emparanza. Y es que en el contexto de una manifestación callejera que las fuerzas de orden público intentaron contener pero no pudieron controlar, fue víctima de ataques, empujones e infamias. Los hechos merecieron unánime condena tanto dentro del Tribunal como en todos los poderes del Estado y en distintos medios de comunicación. El 5 de diciembre de 2017, esta Presidencia –se adujo- ofició al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública para que tuviera a bien informarnos de la querella que el Supremo Gobierno se había comprometido a interponer para sancionar este ilícito. Dicha Secretaría de Estado nos comunicó en el mes de febrero de 2018, del estado de la anotada querella, la cual se encuentra a la espera de que el Ministerio Público ordene las diligencias de investigación solicitadas. Formulamos votos porque estas diligencias avancen, indico el Presidente del TC.

Vea texto íntegro de la Cuenta Pública 2017.

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