Ingresó iniciativa que impide a establecimientos de salud que invoquen la objeción de conciencia celebrar convenios con el Ministerio de Salud en materia de ginecología y obstetricia.

La moción de los diputados Auth, Castillo, Castro, Celis, Crispi, Díaz, Hernando, Mellado, Mix y Rosas, expone que la Ley Nº 21.030, sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, incorporó un nuevo artículo 119 ter al Código Sanitario, cuya redacción antes del control -vía requerimiento de un grupo de parlamentarios- por parte de Tribunal Constitucional establecía la objeción de conciencia en favor de los profesionales, sin embargo, la sentencia suprimió las expresiones que limitaban la objeción de conciencia personal y prohibían la institucional.

Observa luego que dicho precepto estableció en su parte final que “la objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”.

Sobre el particular, los autores de la iniciativa, manifiestan que el voto de mayoría del Tribunal estableció la justificación de la objeción de conciencia en las personas jurídicas fundada en dos normas constitucionales. Añaden, que por primera vez en su jurisprudencia el TC sostuvo que “no se divisa razón jurídica alguna para restringir la objeción de conciencia solamente a las personas naturales que revistan la condición de profesionales. Cuando aquéllas que no lo son también podrían tener reparos, en conciencia, frente a los procedimientos en que deben intervenir”; para luego extender la tutela constitucional a los entes, sobre la base de los preceptos contenidos en la base de la institucionalidad y el derecho fundamental de libertad de asociación, cuya doble vertiente (derecho y libertad de asociación) había sido precisada en la sentencia rol Nº 43 de 1987.