La Sala del Senado respaldó la moción en general, por 35 votos a favor y 3 abstenciones, que modifica la ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de Pavimentación Comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los Municipios.
Ello permitiría a los Municipios efectuar obras provisorias de emergencia, en aceras y calzadas tendientes a evitar daños a las personas y bienes, siempre que cada intervención no supere los 50 metros cuadrados por bache.
Asimismo, propone eximir a las Municipalidades de la aprobación anticipada del SERVIU para ejecutar estas reparaciones.
Cabe señalar que hasta el lunes 4 de junio se recibirán indicaciones para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional.
Los legisladores coincidieron con la “buena intencionalidad” de la propuesta; sin embargo, durante el debate, dejaron de manifiesto algunas dudas de tipo jurídico, las que se esperan disipar en el segundo informe de la Comisión de Vivienda.
El senador Navarro explicó que “esto surgió por el cuestionamiento que hizo la Contraloría porque los Municipios estaban pagando la pavimentación de determinados eventos. Esto, porque la ley de urbanismo ordena que las alcaldías solo deben señalizar el bache y no hacerse cargo de resolver el evento. Este proyecto se hace cargo de aquello, entregando esta facultad a los municipios”.
Por su parte, el legislador Allende planteó que “todos vivimos y sufrimos a diario el mal estado de las calles y caminos, generando riesgo de accidentes. Hay muchos Municipios que han recibido demandas por esto. Hoy para que una alcaldía pueda reparar eventos, debe pedir autorización al Serviu. Con esta ley nos saltamos este paso cuando se trata de situaciones de emergencia y la intervención no supere los 50 metros cuadrados por bache”.
Luego, el parlamentario Quintana planteó que “tengo dudas de este proyecto. Si bien los Municipios pueden actuar en este sentido, creo que es inconstitucional que se le den atribuciones a estos organismos pero no recursos para ejecutar esta pavimentación. Solo los Gobiernos Regionales pueden abordar los temas de emergencias con los fondos adecuados. También hay que pensar en las razones que hay detrás de estos baches”.
Más tarde, el senador Aravena afirma que “la señalización de los baches tienen el mismo costo que arreglarlos, es lamentable que hagamos la ley al mismo tiempo de tener el problema. Por lo demás, el trámite para que el Serviu autorice el arreglo es de 80 días, entonces estaríamos corriendo el riesgo que durante 80 días se podrían producir accidentes, por ello es razonable a aprobarlo”.
A continuación Guillier indica que “la propia Asociación Chilena de Municipalidades dejó constancia que las hacen responsables civilmente de los daños, si estos existieran, pero no se dan elementos mínimos para reparar el problema. Aquí podemos resolver un conflicto práctico que se radica en los municipios en casos de urgencia, donde además hay riesgo para los transeúntes, ciclistas y automovilistas”.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis
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