Amnistía Internacional afirma que 21 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales piden que las autoridades mauritanas anulen la reciente aprobación de una ley sobre delitos de apostasía que prevé la imposición obligatoria de la pena de muerte por “expresión blasfema” y “actos sacrílegos”.
Asimismo, solicitan poner fin a la detención arbitraria de un bloguero, Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, cuyo caso parece estar relacionado con la aprobación de la ley en este momento, y garantizar su seguridad.
Mkhaïtir fue declarado culpable de apostasía y condenado a muerte en diciembre de 2014, pero un tribunal le redujo luego la pena a dos años de prisión. Aunque ya ha cumplido su condena, las autoridades continúan manteniéndolo recluido.
Recuerda Amnistía que la Asamblea Nacional aprobó, el 27 de abril de 2018, una ley que sustituye el artículo 306 del Código Penal y prevé la imposición obligatoria de la pena de muerte a toda persona declarada culpable de “expresión blasfema” y actos considerados “sacrílegos”.
La nueva ley elimina la posibilidad, contemplada en el artículo 306, de sustituir por prisión la pena de muerte en el caso de determinados delitos de apostasía si su autor se arrepiente con prontitud. La ley amplía también el ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir los “actos de renegar”.
Prevé también una pena de hasta dos años de prisión y una multa de hasta 600.000 uguiyas (alrededor de 13.804 euros) por “ofender la moral pública y los valores islámicos” y por “incumplir las prohibiciones de Alá” o contribuir a su incumplimiento.
El organismo señala que la Asamblea Nacional aprobó esta ley cuando la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos celebraba su 62º periodo ordinario de sesiones en la capital mauritana, Nuakchot.
De acuerdo a Amnistía, la Comisión Africana ha afirmado reiteradamente que los países deben abolir la pena de muerte o establecer una moratoria, conforme a la tendencia continental y mundial, haciendo hincapié en que, en los Estados que no la hayan abolido aún, es esencial que se aplique sólo por los delitos más graves, entendiendo como tales los que comporten homicidio intencional, y en que las personas condenadas a muerte tienen derecho a solicitar clemencia, el indulto o la conmutación por medio de un procedimiento transparente y con el debido proceso legal.
Asimismo, añade, las Naciones Unidas han manifestado reiteradamente que la imposición obligatoria de la pena de muerte, incluso por los más graves delitos, está prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos.
Mauritania no lleva a cabo ejecuciones desde 1987. Ha ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la vida, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La aprobación de la ley que prevé la imposición obligatoria de la pena de muerte por determinados delitos de apostasía representa un enorme retroceso para la abolición de la pena capital.
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