En una reciente publicación de Amnistía Internacional se da a conocer el artículo "Huir para ver la luz: el éxodo de las embarazadas venezolanas".
Pilar Sanmartin, investigadora regional de Amnistía Internacional relata la historia de Ana Madriz, de 21 años, quien señala que el día que dio a luz en Colombia, sintió que de alguna manera ese país había salvado su vida.
Ana es parte de un silencioso pero revelador fenómeno de la diáspora venezolana: el éxodo de miles de mujeres embarazadas, huyendo de los quirófanos vacíos de todo.
De acuerdo a la investigadora por años, el Gobierno venezolano no publicó datos de salud pública. Sin embargo, a inicios de 2017, se le escapó un boletín médico que registraba entre otras, las cifras de mortalidad materna. A pesar de que fue inmediatamente retirado de la página web del Ministerio de Salud tras el escándalo que provocaron sus cifras, la verdad ya estaba dicha.
Entre 2015 y 2016 la mortalidad materna había aumentado en Venezuela en un 65%, pulverizando los logros alcanzados, y retrocediendo a cifras de hace 25 años. Las causas: falta de medicamentos como anticoagulantes, cicatrizantes, analgésicos, antibióticos, o antisépticos; falta de insumos y utensilios médicos básicos, como bisturís, agujas o guantes; y una cantidad cada vez más reducida de personal médico dispuesto a trabajar con nada y por nada a fin de mes.
Luego, la investigadora afirma que cuando llegó a Colombia con el equipo de Amnistía Internacional para profundizar en las razones por las cuales millones de personas están abandonando Venezuela, entrevistó a decenas de mujeres embarazadas que  llenaban los pasillos de hospitales de la frontera. En su mayoría, habían salido de emergencia de Venezuela por miedo a perder su embarazo o perder su vida al dar a luz en su país.
En el caso de Ana, continúa, había decidido partir hacia Colombia en 2015, junto con su pareja y su entonces recién nacido y único hijo, en busca de una mejor vida.
Cruzaron por una de las más de 250 “trochas”, o caminos de entrada irregular que existen entre Colombia y Venezuela. Ana recordaba perfectamente el terror que pasó al cruzar un río que separa ambos países en medio de la noche, mientras hombres armados que controlan este tipo de rutas les apuntaban con sus AK-47. Sujetó en brazos a su hijo, se sumergió en las aguas, y mirando al frente, cruzó.
Una vez en Colombia, quedó embarazada un año después. A pesar de que volvía periódicamente a Venezuela, a partir de ese momento decidió no cruzar nunca más. Una de sus mejores amigas había fallecido poco antes al dar a luz en un quirófano venezolano. Una mala praxis médica, seguida de la falta de antibióticos y anticoagulantes para atenderla, había ocasionado su muerte.
El terror de morir dando a luz en Venezuela hizo que Ana y su pareja decidieran instalarse definitivamente en Colombia, a pesar de las dificultades que enfrentaban como migrantes irregulares en Cúcuta. Esta ciudad fronteriza cuenta con el mayor índice de empleo irregular y uno de los mayores de desempleo en Colombia.
Enseguida la investigadora arguye que salir de emergencia de Venezuela para dar a luz en Colombia es sólo un reflejo más del grave, agónico e irresponsable deterioro del sistema de salud venezolano.
Si bien las cifras de Venezuela no se conocen, porque el Gobierno las esconde, agrega, las de Colombia no mienten, sino asustan. Según cifras oficiales, Colombia, que había dado atención médica a un total de 1,475 de personas provenientes de Venezuela en 2015, cerró el año 2017 con un total de 24,720 atenciones a esa misma población. Es decir, hubo un aumento de 15 veces más en el transcurso de dos años.
A pesar de esto, asegura, el Presidente Nicolás Maduro sigue negando que el sistema sanitario de Venezuela esté en crisis, y que la conquista de ciertos derechos se haya perdido.
Ana le dijo que era necesaria una Venezuela donde los derechos de sus hijos a la alimentación, a la salud y a la educación se hicieran valer.
La investigadora plantea que además es necesaria una Venezuela donde los derechos de las mujeres, específicamente aquellos relacionados al acceso a la salud integral y servicios de salud sexual y reproductiva, sean respetados también.

Vea texto íntegro del documento

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