Amnistía Internacional pide al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de www.actuaconamnistia.org, la retirada de las pelotas de goma como las que se emplearon en Barcelona, por ser un material altamente impreciso y conllevar alto riesgo para integridad física.
El organismo constató a través de casos documentados por la organización sobre uso excesivo de la fuerza durante el 1 de Octubre (1-O) por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como de la Guardia Civil, que la Fiscalía está incumpliendo su papel de impulsar las investigaciones para aclarar estos hechos.
En un informe presentado  1-O en Cataluña: Obstáculos para la investigación del uso excesivo de la fuerza, Amnistía Internacional señala que frente a los esfuerzos de varios juzgados por establecer la verdad de lo ocurrido, la Fiscalía está desarrollando acciones tendentes a la descalificación de las denuncias, la obstrucción de  diligencias, e incluso mostrando una falta de interés en el proceso, dificultando el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales pertinentes.
En este sentido, afirma, la Fiscalía intentó mostrar la violencia de manifestantes como un elemento clave que debería descartar las investigaciones judiciales sobre uso excesivo de la fuerza, presentando vídeos donde se muestra participación de manifestantes en incidentes con las mismas.
Igualmente, añade el organismo, la Fiscalía se opuso a que el Juzgado de Instrucción número J17 ofreciese a personas lesionadas poder personarse en el procedimiento, asegurando que debido al carácter leve de las lesiones no cabría investigar de oficio dichos hechos, a menos que la persona afectada formulase denuncia. En este sentido, la Fiscalía instó a que sólo se hiciese este ofrecimiento a aquellas personas lesionadas, que,  sin haber denunciado, hubiesen tenido que recibir tratamiento médico o quirúrgico, pero en ningún caso a aquéllas que únicamente hubiesen precisado una única asistencia facultativa, asegura.
“Si a esta actitud preocupante de la Fiscalía se añade la falta de investigaciones internas por parte  del Ministerio de Interior en relación a los abusos cometidos el primero de octubre, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes en relación con el uso excesivo de la fuerza, la redindición de cuentas por lo ocurrido y el esclarecimiento de los hechos se ponen en riesgo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Hay abiertas investigaciones en ocho juzgados catalanes que están investigando algunas de estas denuncias. Amnistía Internacional está dando un especial seguimiento a las diligencias que investigan los tres casos documentados por la organización en concreto, las llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción nº7 de Barcelona, sobre 257 denuncias (entre ellas los casos de Roger Español y Alejandra Rayas), y la realizada por el Juzgado de Instrucción nº2 de Girona, que acumula 200 denuncias, (entre ellas las relativas a los incidentes de Aiguaviva).

Uso excesivo de la fuerza durante el 1-O
Si bien las fuerzas de seguridad actuaron con el objetivo de cumplir la orden legitima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba impedir la celebración de dicho referéndum, sin embargo, Amnistía Internacional pudo comprobar que los agentes hicieron uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, entre ellos, proyectiles de impacto cinético como pelotas de goma, cartuchos de fogueo o sustancias químicas irritantes.
Desde hace años, Amnistía Internacional viene mostrando su preocupación por el uso de este material antidisturbios en partes de España que aunque no está diseñado para ser letal es muy impreciso, por lo que en la práctica puede causar lesiones graves e incluso la muerte si se utiliza en distancias cortas.

Peticiones de Amnistía Internacional
Las autoridades deben adoptar medidas para garantizar que se realizan investigaciones efectivas sobre los casos de uso excesivo de la fuerza así como asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el 1-O reciben reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, y que este hecho no dependa de la condena penal de los agentes individuales implicados o de que las víctimas presenten una demanda civil en los tribunales.
El Ministerio Fiscal debe cambiar radicalmente su actitud y adoptar un rol proactivo en los procedimientos judiciales en curso, especialmente en los casos graves ocurridos en los incidentes del 1 de octubre, impulsando las investigaciones que actualmente están en marcha.

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