En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización que el Estado de Chile debe pagar al cónyuge e hijos de ejecutada por agentes de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA) el 1 de noviembre de 1975, en un operativo realizado en la Casa de Reposo de los Padres Columbanos, en la comuna de Santiago.
La sentencia sostiene que estos sentenciadores atenderán especialmente a la envergadura del daño moral sufrido por los actores, acorde a lo que para cada uno de ellos pudo significar la muerte de un ser querido. En efecto, el cónyuge debió soportar el dolor de perder a su pareja y al mismo tiempo se vio enfrentado a la necesidad de criar a sus hijos sin el apoyo afectivo y patrimonial de la madre de los menores, pues es un hecho acreditado en la causa que la víctima se desempeñaba como trabajadora de casa particular cuando es alcanzada por una bala que le ocasionó la muerte, sin que haya tenido participación política o militancia alguna respecto a los hechos que provocaron su deceso.
La resolución agrega que debe considerarse además que solo por sentencia de 15 de julio de 2016, se estableció la responsabilidad penal de los autores del homicidio calificado de Enriqueta del Carmen Reyes Valerio, lo que evidencia el tiempo que debieron soportar a fin de tener la certeza jurídica necesaria para llevar adelante el ejercicio de sus derechos.
Por último, el fallo concluye que los antecedentes probatorios reseñados en el motivo duodécimo del fallo que se revisa, en su conjunto permiten tener por cierto la existencia de un daño extra patrimonial que debe ser resarcido en toda su extensión, es decir, ha de ser proporcional al perjuicio y derivarse necesariamente del hecho que lo genera, límites que en este caso se satisfacen con la prueba analizada.
Vea textos íntegros de las sentencias de la Ilustrísima Corte de Santiago y de primera instancia.
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