Aprueban en general proyecto sobre objeción de conciencia ante requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados analizó el proyecto que busca fijar de manera auténtica el sentido y alcance de la norma contemplada en el Código Sanitario que aborda la objeción de conciencia de las instituciones o establecimientos de salud (art. 119 ter), sean públicos o privados, ante un requerimiento de interrupción voluntaria del embarazo.

La iniciativa viene a hacerse parte luego de la controversia que se planteó por el protocolo (resolución exenta 432) emitido por el Gobierno a favor de la objeción de conciencia, que fue rechazado por un dictamen de la Contraloría General de la República, que determinó que la modificación del Ministerio de Salud “no se ajustaba a derecho”.

El proyecto señala que cuando estos convenios de prestaciones médicas se celebren -en especial referido a materia gineco obstétrica- se entienden incorporados al sistema nacional de servicios de salud, cuyo mandato supone el cumplimiento de las políticas públicas de protección de prestaciones de salud en la materia y asegurar el cumplimiento de los fines de servicialidad del Estado con eficiencia y eficacia en la satisfacción de las necesidades públicas.