La moción de los senadores Latorre, Órdenes, Provoste y Quintana expone que nuestro país, a partir de diversos procesos sociales, ha experimentado una profunda evolución hacia una cultura que rechaza todo tipo de discriminación arbitraria; situación que se da en diversas dimensiones, y que particularmente hoy se evidencian de mayor manera, en relación con el trato discriminatorio, desigual y machista que reciben las mujeres de nuestro país. Por tanto, resulta entonces un deber hacer efectivo en cada una de las instancias en que el estado tiene participación y responsabilidad, la integración y valoración del otro, reconociendo sus diferencias como también apreciando sus virtudes; situación que debe ocurrir desde la más temprana edad y a lo largo de todo el proceso educativo, que por lo demás nuestro estado por ley se encuentra en la obligación de entregar a cada miembro de nuestra sociedad.

Así las cosas, indica el proyecto que se deben generar y asegurar mecanismos de integración real y efectiva, donde las y los estudiantes compartan, se desarrollen y sean parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos, tomando conciencia que no por pertenecer a determinado género, significará tener una carga o una limitación para conseguir los propósitos que cada persona persiga. Por ello, justamente, transitar hacia una educación que no discrimine por género es un paso lógico de nuestra sociedad. Es fundamental que hombres y mujeres se eduquen juntos para avanzar decididamente en la disminución de brechas y en abordar integralmente la construcción de comunidades basadas en el respeto, lejos de los prejuicios, del machismo y el sexismo. En consecuencia, por medio de este proyecto de Ley se pretende contribuir eficazmente en romper estereotipos y paradigmas que padece nuestra sociedad en la actualidad, con el propósito de eliminar la barrera de entrada que impide a los estudiantes elegir libremente el establecimiento y proyecto educativo en el que quieren desarrollarse.

Por lo tanto, se busca establecer en el texto refundido de la Ley General de Educación, en específico en el artículo que mencionan los principios por los cuales se rige, el derecho efectivo que tienen estudiantes de incorporarse a los distintos establecimientos públicos y privados que reciben aportes del Estado, sin que el género sea razón de exclusión para su ingreso, correspondiendo que estos establecimientos adquieran la condición de mixtos en el plazo que se señala la disposición transitoria.

Por lo anterior, la moción agrega al Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005, un inciso final a la letra K) de su artículo tercero, en el siguiente sentido:

“Los establecimientos educacionales públicos y privados que reciban aportes del Estado deberán ser de carácter mixto, quedando prohibida la exclusividad por género de sus estudiantes. Adicionalmente, no se podrán establecer limitaciones en el porcentaje de alumnas y alumnos en razón del género, que signifiquen limitar el ingreso a estos establecimientos”

Asimismo, agrega una disposición transitoria que reza:

“Lo establecido en esta ley, deberá concretarse en un plazo máximo de cuatro años una vez publicada la norma.”

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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