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Amnistía Internacional entrega datos sobre el aborto.

El organismo arguye que cuando los Gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada.

28 de mayo de 2018

Amnistía Internacional sostiene que, en todo el mundo, todos los años uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto,  aunque arguyela necesidad de someterse a un aborto es común, el acceso a servicios legales y sin riesgos de aborto dista de estar garantizado para quienes puedan necesitarlos.
De hecho, asegura, el acceso al aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, y el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso a este servicio de salud básico.
De acuerdo a Amnistía, estos son los datos básicos sobre el aborto que todo el mundo debería conocer:

Se tienen abortos en todo momento, con independencia de lo que dicte la ley

Poner fin a un embarazo es una decisión común, que toman millones de personas: todos los años, el 25% de los embarazos acaban en aborto.
Y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, la tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer y de 34 por 1.000 personas en los que lo permiten en general, diferencia que no es significativa estadísticamente.
Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña, menos aún que el parto.
Pero cuando los Gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada. Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la cuestión.

Penalizar el aborto no lo impide, sólo hace que sea menos seguro

Impedir a las mujeres y las niñas el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”.
La OMS calcula que todos los años tienen lugar 22 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.
A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa principal de muerte materna del mundo y dan lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, según la OMS.

Casi todas las muertes y lesiones por aborto inseguro son evitables

Las muertes y lesiones causadas por abortos inseguros son evitables Sin embargo, tales muertes son comunes en los países donde el acceso al aborto está limitado o prohibido por completo, pues la mayoría de las mujeres y las niñas que necesitan someterse a un aborto debido a un embarazo no deseado no pueden acceder legalmente a él.
En los países con tales restricciones, la legislación prevé normalmente contadas excepciones a la penalización del aborto, que son bien conocidas. Entre ellas puede figurar que el embarazo sea consecuencia de una violación o de incesto, que se trate de un caso de malformación grave y mortal del feto o que haya riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Sólo un pequeño porcentaje de abortos se practican por estos motivos, lo que supone que la mayoría de las mujeres y las niñas que viven en países con este tipo de legislación pueden verse obligadas a someterse a abortos inseguros y poner su salud y su vida en peligro.
Las que son ya personas marginadas se ven afectadas de manera desproporcionada por tal legislación, pues no tienen medios para recurrir a servicios legales y sin riesgos en otro país o acceder a atención privada. Entre ellas figuran las mujeres y las niñas con bajos ingresos, la refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las mujeres cisgénero bisexuales, las personas transgénero o de género no conforme y las mujeres pertenecientes a minorías o indígenas.
La OMS ha señalado que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los Estados garanticen que las personas tienen acceso a educación sexual, pueden utilizar métodos anticonceptivos eficaces, pueden someterse a abortos legales y sin riesgos y reciben atención con prontitud en caso de complicaciones.
Los datos disponibles indican que los índices de aborto son más altos en los países donde el acceso a los métodos anticonceptivos es limitado. Los índices de aborto se reducen cuando las personas, en especial las adolescentes, tienen información sobre métodos anticonceptivos modernos y pueden acceder a ellos y cuando existe educación sexual integral y es posible el acceso al aborto legal y sin riesgos por numerosos motivos.
 

Muchos países están empezando a modificar su legislación para permitir mayor acceso al aborto

En los últimos 60 años, más de 30 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Irlanda podría sumarse a esta lista de países, dependiendo del resultado de su referéndum del 25 de mayo sobre la anulación de la prohibición casi total del aborto prevista en su Constitución.
A pesar de la tendencia a reformar la legislación para impedir las muertes y lesiones, algunos países –entre ellos NicaraguaEl Salvador e Irlanda– mantienen leyes draconianas y discriminatorias, que siguen prohibiendo el aborto prácticamente en todas las circunstancias. De hecho, según la OMS, en todo el mundo, el 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o donde, aunque el aborto sea legal, no se dispone de servicios de aborto o son inaccesibles. En esos Estados, el aborto está prohibido o sólo se permite en circunstancias muy restringidas, o, si es legal, no es accesible debido a múltiples obstáculos existentes en la práctica.
Incluso en los Estados con acceso en general a servicios legales de aborto, las personas embarazadas pueden encontrar aún múltiples restricciones y obstáculos para acceder a ellos, como el precio, la falta de imparcialidad en el asesoramiento y la existencia de plazos obligatorios de espera. La OMS ha publicado una guía técnica para los Estados sobre la necesidad de identificar y eliminar tales obstáculos.Fuente: amnistía.cl

 

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