La moción de los diputados Alvarez, Fuenzalida, Longton, Molina, Paulsen y Undurraga expone que en el período parlamentario pasado (Marzo 2014- Marzo 2018); diputados de las Bancadas opositoras de entonces, impulsaron iniciativas legales que pretendían elevar las exigencias de probidad y transparencia a los procedimientos administrativos.
Observa luego que tales proyectos no avanzaron significativamente en su proceso legislativo, no obstante, de que en la actualidad sigan teniendo una enorme actualidad en sus consideraciones y propuestas.
En ese sentido, los autores de la iniciativa sostienen que entre las propuestas legislativas destaca las referidas a establecer la obligación de transparentar los vínculos familiares y político-partidistas, en los procesos administrativos y en la declaración de intereses a que están obligadas algunas autoridades.
Agregan, que lo anterior, resulta esencial para materializar la acción estatal orientada a servir y beneficiar objetivamente a las personas; e impedir la decisión subjetiva e ilegal que favorece a personas que se sirven del Estado en función de su parentesco o afinidad político- partidista.
Sin embargo, el proyecto advierte que el conocimiento de situaciones, como contrataciones, adjudicaciones, nombramientos y resoluciones en general, que favorecen a parientes de autoridades de Gobierno y del Congreso Nacional se divulgan y conocen cuando estas ya se encuentran consumadas o en un estado de avance significativo, que dificulta realizar respecto de ellas un control previo y oportuno para impedirlas; no resultando coherente con el principio de Transparencia y de Publicidad. que persigue que el procedimiento administrativo permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.
Así, el texto señala que lo indicado, ha afectado sensiblemente la trasparencia y la confianza en las instituciones a las que se asocian las autoridades cuyos parientes han sido eventualmente beneficiados en forma ilegal.
Por lo antes expuesto, la moción propone una modificación legal que obligue a todos los funcionarios públicos intervinientes en un procedimiento administrativo a expresar y dejar constancia escrita en los actos y resoluciones correspondientes, del hecho de tener conocimiento de los parentescos que vinculan a eventuales contratantes, adjudicatarios o beneficiarios, en cualquier calidad ya sea como personas naturales o jurídicas, con las autoridades que se señalan, parentesco que debe extenderse a los grados que la misma ley consagra para determinar el deber de abstención, esto es, consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.
Asimismo, plantea que, en lo referido a la contratación de servicios profesionales o nombramiento de parientes en cargos o desempeños en cualquier órgano de la Administración del Estado, deben ser las propias altas autoridades las que den cuenta de ello en su declaración de intereses regulada en la Ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses.
Corresponde ahora que la iniciativa –en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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