La Corte Suprema dictaminó que los empleadores pueden prohibir que sus trabajadores no sindicalizados se unan para quejarse sobre el salario y las condiciones en el lugar de trabajo, una decisión que afecta a unos 25 millones de trabajadores no sindicalizados.
Con los cinco miembros conservadores de la Corte en la mayoría, los Magistrados fallaron que los empleados pueden ser obligados a recurrir al arbitraje, no a los tribunales, para presentar denuncias sobre salarios u horas extras.
Los Magistrados liberales dijeron que el fallo afectará a los trabajadores vulnerables con bajos salarios.
La administración Trump respaldó a los empresarios, revirtiendo la posición que la administración Obama tomó a favor de los empleados.
Cabe señalar que la tarea del tribunal era reconciliar las leyes federales que parecían apuntar en diferentes direcciones. Por un lado, las leyes laborales del New Deal explícitamente les daban a los trabajadores el derecho de unirse en demandas. Por otro lado, la anterior Ley Federal de Arbitraje fomenta el uso del arbitraje en lugar de los tribunales.
El juez Neil Gorsuch, argumentando el criterio de la mayoría, dijo que los contratos son válidos según la ley de arbitraje. "Como cuestión de política, estas cuestiones son seguramente debatibles. Pero, como cuestión de derecho, la respuesta es clara", escribió.
En desacuerdo y del lado de los liberales de la Corte, la jueza Ruth Bader Ginsburg calificó la decisión como "terriblemente incorrecta". Ginsburg dijo que las quejas individuales pueden ser muy pequeñas en términos de dólares, "apenas de un tamaño que justifique el gasto de buscar reparación", lo cual justificaría acciones colectivas. Ginsburg leyó un resumen de su disensión en voz alta.
Los trabajadores que quieran tomar medidas legales contra el acoso sexual, la discriminación salarial, la discriminación por motivos de embarazo o la discriminación racial “podrían ser obligados a un proceso de arbitraje costoso y a menudo secreto, y además a puerta cerrada”, dijo Fatima Goss Graves, presidenta y directora general del National Women’s Law Center.
Los abogados que representan a los patronos dijeron que el fallo protege a las empresas de litigios interminables y costosos.
Por su parte, la Junta Nacional de Relaciones Laborales, rompiendo con la administración, argumentó que los contratos que requieren que los empleados renuncien a su derecho de acción colectiva entran en conflicto con las leyes laborales.
Por úlltimo, los tribunales inferiores estaban divididos sobre el tema. El tribunal superior consideró tres casos: dos en los que los tribunales de apelación dictaminaron que dichos acuerdos colectivos no pueden ejecutarse y un tercero en el que el tribunal de apelaciones dijo que eran válidos.

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