El informe de la Comisión Investigadora que estuvo encargada de indagar sobre los actos de Gobierno en materia de creación de 101 nuevos cargos de funcionarios auxiliares de la administración de justicia, esto es, notarios, conservadores y archiveros judiciales, así como los procedimientos y adecuación a las normas legales vigentes, encabeza la tabla de la Sala de la Cámara de Diputados.
Cabe recordar que la Comisión Investigadora, creada tras una petición de 49 legisladores, desarrolló su trabajo a lo largo de doce sesiones, entre el 4 de octubre de 2017 y el 23 de enero de 2018, bajo la presidencia del diputado Soto, quien conjuntamente al diputado Gahona realizaron la propuesta de conclusiones que fuera aprobada por unanimidad del grupo parlamentario.
El texto profundiza particularmente en la correspondencia legal y reglamentaria, así como en los fundamentos técnicos del decreto 1515 emitido por el entonces Ministro de Justicia, Jaime Campos, que derivó en la creación, separación y fusión de cargos de notarios, conservadores y archiveros judiciales.
El informe sanciona que no es posible imputarle al Secretario de Estado responsabilidad por falta de motivación o fundamentación debida en la dictación del citado decreto; y se observa que nuestro ordenamiento jurídico no contempla ninguna norma que obligue a la cartera a escuchar y considerar las solicitudes de grupos o personas de la sociedad civil. No obstante lo anterior, se remarca que la autoridad ministerial se reunió y comunicó con variadas entidades vinculadas al tema.
En lo que se refiere a la facultad del Ministerio de Justicia para crear fusionar y separar los oficios de notario, conservador y archivero judicial, se reconoce una diferencia de interpretación que es objeto hoy de un análisis de la Contraloría General de la República.
Entre las propuestas, la Comisión pide al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley destinado a modernizar el marco regulatorio que rige a la actividad notarial, registral y de archivos.

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