En respuesta a la noticia de la confirmación en apelación de la sentencia condenatoria a Nabeel Rajab, destacado activista de derechos humanos de Bahréin, por expresar pacíficamente sus opiniones en Internet, Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, declaró que “el Tribunal de Apelación de Bahréin ha perdido una gran oportunidad para hacer lo correcto y dejar en libertad a Nabeel Rajab”.
A continuación manifiesta que “su continua reclusión es una prueba más de la implacable determinación de las autoridades bahreiníes para aplastar el derecho a la libertad de expresión y silenciar cualquier crítica pacífica”.
Considera que “resulta absolutamente indignante que tenga que pasar un sólo día más entre rejas sólo por expresar sus opiniones en Internet”.
Luego solicita que las autoridades dejen en libertad de inmediato a Nabeel Rajab y retiren todos los cargos que pesan contra él.
Amnistía recuerda que en febrero de este año, Nabeel Rajab fue condenado a cinco años de prisión. La condena está relacionada con unas publicaciones y unos retuiteos hechos desde su cuenta de Twitter sobre presuntas torturas en la prisión bahreiní de Jaw y las muertes de civiles en el conflicto de Yemen a manos de la coalición dirigida por Arabia Saudí.
Ahora se espera que Nabeel Rajab interponga un último recurso ante el Tribunal de Casación de Bahréin.
El organismo afirma que Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, sufre un acoso y hostigamiento implacables por su labor pacífica en favor de los derechos humanos y lleva entrando y saliendo de prisión desde 2012 por diversos cargos relacionados con su activismo pacífico. Desde noviembre de 2014 tiene prohibido salir de Bahréin.
Asimismo, añade que Nabeel Rajab está encarcelado desde junio de 2016, y en la última ronda de juicios, celebrada este año, se le impuso una pena adicional de dos años de prisión por unas entrevistas que concedió en televisión en 2015 y 2016. El Tribunal de Casación de Manama, capital de Bahréin, confirmó su condena el 15 de enero de 2018, declarándolo culpable de “difundir noticias, declaraciones y rumores falsos sobre la situación interna del reino que menoscaban su prestigio y posición”.

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