La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) emite un Informe de Balance tras el primer año de seguimiento a las recomendaciones de la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Este balance da cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano que pueden contribuir en el esclarecimiento de los hechos en materia de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, en investigación, así como acciones para la atención a víctimas y familiares.
De acuerdo a la CIDH, la presencia del Mecanismo en el terreno a través de sus visitas oficiales, logró espacios de interlocución entre todas las partes involucradas, en particular con los familiares, lo que facilitó el intercambio de información.
La CIDH, asimismo, reconoce y valora que en atención a los planteamientos del Mecanismo, el Estado mexicano inició diligencias sugeridas con el fin de avanzar en las investigaciones.
A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose.
La CIDH reconoce que en el expediente de la investigación se incluyeron las averiguaciones previas de otras entidades estatales y las nuevas líneas de investigación abiertas. Sin embargo, la Comisión considera que las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral. Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente.
Por otra parte la CIDH ha solicitado al Estado que explique, ante la cantidad y la calidad de la información que obra en el expediente, el cambio de narrativa, sin tener una respuesta concreta. La Comisión reitera que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y no hay una sola sentencia condenatoria.
En cuanto a la búsqueda, la utilización de la tecnología LiDAR es un paso importante adoptado por el Estado que debe continuarse, analizada junto al entrecruce de informaciones, como las recolectadas en declaraciones, y en el análisis de telefonía.
En cuanto a medidas estructurales, la Comisión valora que el Estado adoptó la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Tortura.
Respecto de la investigación, el Mecanismo Especial observa que se avanzó en diversos aspectos como: la presentación de acusaciones en contra de autoridades policiales; los análisis de telefonía que incluyen el análisis a los teléfonos de los estudiantes desaparecidos que tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014; la obtención de información por medio de la asistencia jurídica internacional con EE.UU, y la investigación sobre el quinto autobús y el tráfico de drogas en otras líneas de autobuses.
En particular, el Mecanismo reconoce que el Estado mexicano reconoció el tráfico de drogas en Guerrero hacia Estados Unidos en autobuses. La CIDH también valora que en la actualidad, la Oficina de investigación del caso Iguala esté profundizando la investigación de algunas líneas de autobuses que presuntamente eran utilizadas para traficar drogas o dinero entre México y Estados Unidos de Norteamérica, y que podrían guardar relación con la desaparición de los estudiantes.
Por otra parte, el Mecanismo observa que sigue pendiente determinar el grado de participación en los hechos de la policía federal, del Ejército, las policías municipales y las autoridades estatales.
En cuanto a las investigaciones internas, la CIDH continuará dando seguimiento a las investigaciones realizadas sobre las graves denuncias de tortura, sobre denuncias de ocultamiento de pruebas, así como al presunto intento de infección de malware a distintas personas defensoras de derechos humanos vinculados al caso.
Con respecto a la atención a víctimas, la Comisión valora positivamente la atención brindada a los estudiantes heridos Édgar Andrés Vargas y a Aldo Gutiérrez Solano, quienes quedaron en condición de salud grave debido a los atentados contra sus vidas.
Finalmente, la CIDH reconoce la resiliencia y fuerza de los familiares y de las víctimas en la búsqueda de la verdad y justicia, y alienta al Estado a cumplir con todas sus recomendaciones y con las del GIEI.
La Comisión continuará en el transcurso de este año monitoreando la búsqueda, investigación y atención integral a las víctimas y familiares a través de su Mecanismo de Seguimiento, en un esquema de diálogo transparente y constructivo, teniendo como principal objetivo la obligación de dar con el paradero de las víctimas.
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