Amnistía Internacional afirma que la nueva oleada de protestas que barrieron Rusia el 5 de mayo de 2018 y las represalias tomadas contra periodistas y profesionales de medios de comunicación que informaban sobre las protestas son una muestra de la creciente represión del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica ejercida por las autoridades.
A continuación, el organismo condena que las autoridades tomen represalias contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación que informan sobre reuniones públicas con el objetivo de limitar la información pública sobre las protestas, lo que ilustra su actual represión de la libertad de los medios de comunicación.
Por ello, Amnistía solicita que las autoridades pongan fin a las represalias de inmediato y lleven a cabo sin demora una investigación exhaustiva e imparcial de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas contra periodistas y manifestantes, así como poner a los presuntos responsables a disposición judicial para que sean juzgados en juicios justos. Las autoridades deben respetar, promover y hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de todas las personas.
El organismo relata que el 5 de mayo de 2018 se organizaron concentraciones en casi un centenar de ciudades y localidades de toda Rusia para protestar, bajo el lema “No es nuestro zar”, contra la toma de posesión de Vladimir Putin como Presidente. En la mayoría de los casos, las reuniones públicas no estaban autorizadas por las autoridades locales, lo que en virtud de la legislación y la práctica rusa actual las convertía en “ilegítimas” a sus ojos. Según el proyecto independiente de información sobre derechos humanos OVD-Info, continúa, al menos 1.600 personas fueron detenidas ese día en 27 ciudades y localidades de todo el país, 719 de ellas en Moscú y 217 en San Petersburgo.
En las protestas, arguye Amnistía, fue notable el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, así como la violencia contra personas que se manifestaban pacíficamente a manos de elementos progubernamentales: contramanifestantes y grupos organizados de hombres que vestían uniformes de cosacos. Habitualmente, la policía está presente en las protestas callejeras; sin embargo, ese día no impidió ni detuvo la violencia desatada por los grupos progubernamentales, indica.
Cabe señalar que Amnistía Internacional y otros observadores de la situación de los derechos humanos documentaron numerosos casos en que la policía y los grupos progubernamentales obstruyeron el trabajo legítimo de periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que el 5 de mayo informaban sobre las protestas en el terreno, con medidas como el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria. Tal obstrucción del trabajo legítimo de periodistas ya se había observado en el pasado en reiteradas ocasiones, entre ellas las concentraciones en protesta por la corrupción celebradas en toda Rusia el 26 de marzo de 2017. No obstante, añade, el número de casos de obstrucción denunciados, y en concreto el uso de excesivo de la fuerza contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, ha aumentado considerablemente.
Las represalias, asevera Amnistía, contra los medios de comunicación independientes y su personal que realizaron retransmisiones en Internet o informaron por otros medios sobre las reuniones públicas se han convertido en una práctica casi habitual en los últimos años. Destaca el caso sucedido el 7 de mayo, cuando agentes de policía armados se presentaron en un estudio de una agencia de información durante una emisión en directo y detuvieron a una de las personas entrevistadas, que había participado en una manifestación dos días antes, el 5 de mayo de 2018. También se ha actuado contra periodistas que publicaron información sobre las protestas callejeras en las redes sociales. Al menos en dos casos, la policía acusó de organizar “concentraciones ilegales” a periodistas que habían escrito en Twitter sobre las reuniones que iban a celebrarse.
Así, añade, estas violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de la fuerza por la policía contra periodistas que informaron sobre las protestas del 5 de mayo de 2018, han sido denunciadas a las autoridades, incluso por los propios periodistas, no obstante, un mes después de las protestas, no se han investigado eficaz e imparcialmente las denuncias contra la policía.
Asegura, que en más de 30 casos, periodistas y trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación que cubrían sobre el terreno las protestas del 5 de mayo de 2018 sufrieron obstrucciones graves en relación con su trabajo legítimo. Entre ellos hubo al menos 21 casos de detención arbitraria, 14 casos de brutalidad policial y dos casos de violencia a manos de grupos progubernamentales en presencia de la policía, que no intervino para detener la violencia. A modo de comparación, cabe señalar que en las concentraciones de protesta contra la corrupción del 26 de marzo de 2017, se denunciaron 17 casos similares de obstrucción de la labor periodística y se usó violencia contra periodistas en menos casos.
Por ello, Amnistía solicita a las autoridades rusas crear y mantener un entorno seguro y propicio en que quienes ejercen el periodismo realicen su labor de manera independiente y sin interferencia indebida, y garantizar su derecho a informar sobre las protestas.
Asimismo, agrega, deben realizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley interpuestas en relación con las protestas del 5 de mayo, incluidas las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, así como la inacción a la hora de proteger a periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación frente a la violencia de contramanifestantes progubernamentales, y hacer rendir cuentas ante la justicia a todos los presuntos responsables en juicios con las debidas garantías.

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