En una reciente publicación del Instituto Libertad y Desarrollo se da a conocer el artículo “Nuevo crédito estudiantil: retomando el camino correcto”.
Se recuerda que La semana pasada se anunció el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de crédito estudiantil para la educación superior, y que viene a sustituir los créditos con Aval del Estado (CAE) y del Fondo Solidario (FSCU).
LyD arguye que si bien aún no está disponible el articulado con el detalle, les parece positivo que el Gobierno busque relevar un mecanismo alternativo a la gratuidad que, a diferencia de ésta, es más sostenible en el tiempo y más solidario, pues permite reservar recursos para el financiamiento público de otras materias más urgentes.

LA NECESIDAD DE UN SISTEMA ALTERNATIVO A LA GRATUIDAD

Desde que se comenzó a hablar sobre gratuidad de la educación superior -esto es, que sea el Estado quien asuma la totalidad del financiamiento-, LyD ha advertido sobre los límites que ella impone al progreso del sistema y los daños que puede traer en términos de diversidad de proyectos educativos, cobertura y calidad. En ese contexto, si bien la gratuidad terminó imponiéndose en el debate legislativo, estableciéndose su avance hasta la universalidad, considera que es necesario mantener un sistema alternativo que permita acotar esos riesgos, sin dejar de hacerse cargo de apoyar a los estudiantes que no disponen de suficientes recursos. Esa opinión, dice LyD, ha sido compartida incluso por el representante de la OCDE que estuvo hace unos días en Chile, quien manifestó su preocupación por los efectos no deseados de la gratuidad, debido al elevado costo de oportunidad en el uso de los recursos (esto es, gastos que se dejan de priorizar, como inversiones en niveles tempranos de educación), su efecto regresivo y su poca sustentabilidad debido a la limitada disponibilidad de recursos.
En ese contexto, se afirma en el texto, la idea de perseverar en un sistema de créditos es un buen camino. Por un lado, se explica, porque estos requieren de un menor gasto fiscal que la gratuidad, permitiendo concentrar el financiamiento público en otras materias prioritarias. Y por otro, porque se evita dejar los recursos, así como el destino del sistema de educación superior, en manos de la capacidad financiera y de la voluntad política del Gobierno de turno.
Hoy en día la política de gratuidad cubre a los alumnos provenientes del 60% de menores recursos del país que asisten a alguna de las 46 instituciones adscritas. La última información del Ministerio de Educación (Mineduc) habla de 327 mil estudiantes. Paralelamente, hay otros 320 mil que utilizan el sistema de créditos, los que corresponden al 40% de los beneficios que entrega el Estado.
Pero además, al considerar a los estudiantes que se financian mediante CAE, se tiene que el 61% (más de 180 mil) proviene de los tres primeros quintiles, es decir, del 60% de menores ingresos del país. La magnitud de dicho número hace evidente, asevera LyD, la necesidad de perseverar ya sea en éste u otro mecanismo de apoyo más eficaz así como sostenible en términos financieros.

LA PROPUESTA DEL NUEVO CRÉDITO ESTATAL

LyD asegura que en cuanto al nuevo crédito anunciado por el Presidente Piñera, sus características están en línea con lo que se venía anticipando: una tasa de interés de 2% real, un tope máximo de pago correspondiente al 10% del ingreso del deudor, la posibilidad de suspender el pago en períodos de cesantía y la condonación de la deuda al cabo de 15 años.
Para evitar la inflación de aranceles, se expone en el texto, el monto que se entregará será de un máximo de 1,5 veces el arancel regulado de la carrera, y en el caso de estudiantes que pertenezcan al 60% de menores recursos del país, se establece que de existir una brecha con el arancel real, la institución de educación superior deberá otorgar una beca o bien crédito propio. Es evidente, se añade, que ello conduce indirectamente a una fijación de aranceles -precisamente uno de los aspectos criticables de la gratuidad, no obstante la holgura de 50% por sobre el arancel regulado y el que dicha medida se acote sólo a quienes pertenecen al 60% de menores recursos, podría ayudar a contener eventuales perjuicios.
Además, el texto destaca otro aspecto que se anunció, es que se habría decidido sacar a la banca del sistema, de manera que tanto la administración como el financiamiento del nuevo crédito quedarán en manos del Estado. En ese sentido, cree LYD, es importante conocer los antecedentes que avalen que esa determinación se tomó porque permite un ahorro para el Fisco. Así también, es importante que se dispongan mecanismos que aseguren la cobranza eficaz de las deudas, lo que no es evidente.
Por último, se agrega en el documento, en el anuncio respecto al nuevo crédito se señaló que éste estará disponible para los estudiantes pertenecientes a los nueve primeros deciles, tanto quienes soliciten por primera vez, como para quienes a la fecha mantienen deudas ya sea por CAE o por FSCU; ellos podrán acogerse al nuevo sistema, aunque estén morosos. Es importante conocer el informe financiero, pues si se estima que la tasa de no pago podría verse incrementada producto del traspaso de las deudas hacia el Estado, el costo fiscal de entrada podría terminar siendo prohibitivo, se puntualiza.

RETOMANDO EL CAMINO CORRECTO

Aunque, arguye LyD, aún no se ha hecho público el articulado y por ello no conocemos los detalles de la propuesta en concreto, nos parece que la iniciativa anunciada es una buena noticia. En primer lugar, se argumenta, porque el nuevo crédito permite relevar este tipo de mecanismo para financiar la educación superior y constituye una vía alternativa a la gratuidad. Desde su punto de vista, ello significa retomar el camino correcto en materia de financiamiento estudiantil, especialmente en el contexto de la situación actual, muy lejana a la ideal. Asimismo, celebran que se busque avanzar en un trato igualitario por parte del Estado, en que se diferencia sólo por la necesidad del alumno y no por el tipo de institución a la que asiste.

Vea texto íntegro del documento

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