El Consejo de Europa lanzó una página web que muestra el impacto que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y su ejecución han tenido en las reformas judiciales y en los ciudadanos de sus 47 estados miembros.
El secretario general del Consejo de Europa, Thorborjn Jagland, afirmó que el portal "pone de relieve lo que el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha aportado hasta hoy y la incidencia positiva que tiene en la vida de los ciudadanos".
Se destacan reformas legislativas en Francia contra la esclavitud doméstica; en Rusia y Chipre, contra la explotación sexual; en Irlanda, para la ayuda jurídica en caso de violencia doméstica; y en Alemania, tras el despido de una enfermera que denunció carencias.
Con respecto a España, se citan ocho casos concretos, entre los que destaca la derogación de la "doctrina Parot", tras la sentencia que avaló la demanda de la etarra Ines del Río Prada.
Asimismo, se subraya la derogación en 2007 del arresto domiciliario de guardias civiles (Dacosta Silva) y la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, tras 12 condenas del TEDH, para oír en segunda instancia a los acusados absueltos en primera instancia.
Cabe recordar que la sentencia Perote Pellón de 2002 obligó a adoptar garantías adicionales de imparcialidad en la composición de los tribunales militares, y la Moreno Carmona (2009) a reducir la duración de los procedimientos gracias a las nuevas tecnologías.
El fallo Iglesias Gil y A.U.I. (2003) consiguió que el Código Penal endureciera las penas por secuestro de menores y simplificó la emisión de una orden de detención internacional.
El Tribunal Supremo adoptó en 2009 una serie de criterios sobre reintegración familiar y el interés superior de los menores, tras la sentencia Saleck Bardi, que también mejoró en 2015 el marco jurídico de la protección de niños y adolescentes.
La sentencia Manzanas Martín (2012) permitió reconocer a los pastores evangélicos el trabajo realizado antes de su inclusión en el sistema de Seguridad Social, de cara al cálculo de su pensión.
Además de los casos Iglesias Gil y las vistas en segunda instancia, el impacto en España queda claro con el caso de libertad de expresión del senador de Herri Batasuna Miguel Castells, condenado a un año de cárcel por culpar al Gobierno en 1979 de asesinatos incontrolados.
La web se puede consultar en inglés, francés o turco, y ofrece resúmenes, infografías, documentos audiovisuales y 101 estudios de casos concretos, clasificados por país y asunto.
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