Amnistía Internacional solicita a las autoridades japonesas iniciar urgentemente una investigación sobre los pagos que una filial de la gran multinacional cervecera Kirin realizó a las fuerzas armadas y autoridades de Myanmar, en el punto álgido de la campaña de limpieza étnica contra la población rohingya a finales de 2017.
En la correspondencia mantenida con Amnistía Internacional (incluida una nota aclaratoria enviada el 13 de junio), Kirin Holdings Company, Inc. señaló que su subsidiaria Myanmar Brewery realizó, entre el 1 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, tres donaciones a las autoridades que ascendieron a 30.000 dólares estadounidenses.
De acuerdo a Amnistía, Kirin afirmó que los pagos estaban destinados a asistir a las víctimas de la violencia. Sin embargo, el organismo ha sabido a través de la página de Facebook del general en jefe Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, que la primera donación que realizó el personal de Myanmar Brewery se le entregó al propio general el 1 de septiembre de 2017 durante una ceremonia televisada en la capital, Nay Pyi Taw.  Kirin confirmó más tarde que se había hecho una donación de 6.000 dólares estadounidenses en esa fecha. Min Aung Hlaing indicó que las donaciones se destinarían en parte al “personal de seguridad y de servicios públicos” que trabajaba en el estado de Rajine.
Seema Joshi, responsable del equipo de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, señala que “resulta totalmente increíble que un inversor internacional haga donaciones a las fuerzas armadas de Myanmar en el momento en que esos mismos militares llevan a cabo actos de limpieza étnica contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine”.
Enseguida plantea que “no solo existe el riesgo de que esas donaciones hayan, de hecho, financiado las actividades de las unidades militares involucradas en crímenes de lesa humanidad, sino que la decisión de aparecer en la ceremonia de donación con militares de altos rango de las fuerzas armadas de Myanmar transmite, además, el preocupante mensaje de que Myanmar Brewery apoya sus acciones contra la población rohingya".
Por ello, afirma, “Japón tiene la responsabilidad de garantizar que sus empresas, independientemente de dónde operen, no contribuyen a los abusos contra los derechos humanos. Las autoridades japonesas deben investigar urgentemente estos regalos de dudosa naturaleza”.

Sin respaldo documental

De acuerdo a Amnistía, según Kirin, Myanmar Brewery “nunca ha realizado donaciones con la intención de apoyar las operaciones militares en el estado de Rajine ni en ningún otro lugar, ya sea directamente o a través de [U]MEHL”.
Kirin señaló, asimismo, que en virtud de los términos del contrato de asociación con UMEHL, hay una cláusula “que prohíbe expresamente la utilización de los fondos de Myanmar Brewery con fines militares”.
Sin embargo, arguye el organismo, la empresa no proporcionó ninguna prueba que indicara que realizó controles para garantizar el cumplimiento de dicha cláusula por parte de UMEHL. Cuando se le solicitó más información, Kirin afirmó que los términos del contrato eran confidenciales. Además, no es seguro que las donaciones de esta naturaleza estuvieran contempladas en el contrato de empresa conjunta de Kirin con UMEHL.
Kirin indicó a Amnistía Internacional que UMEHL había solicitado las donaciones y después les informó de que las había depositado en una cuenta bancaria del Gobierno del Estado de Rajine. No obstante, la empresa no proporcionó ninguna prueba documental que respaldase dichos depósitos bancarios ni pudo explicar la forma en que se gastó finalmente el dinero, y admitió que no realizaron “suficientes esfuerzos para informarse de quién sería en última instancia responsable [de que el dinero llegase a las víctimas del conflicto]”.
Aunque, aclara Amnistía, el beneficiario de las donaciones fuera el Gobierno del Estado de Rajine y no las fuerzas armadas, la entrega de estas donaciones seguiría suscitando serias preocupaciones en materia de derechos: Amnistía Internacional considera que esas autoridades son responsables de crear y sustentar desde hace tiempo un régimen de apartheid contra la población rohingya, lo cual constituye un crimen de lesa humanidad.
 

 Responsabilidad de las empresas

Amnistía detalla que la responsabilidad de Kirin de respetar los derechos humanos se establece en los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. En virtud de estas normas reconocidas a nivel internacional, las compañías como Kirin tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos dondequiera que operen.
Para cumplir con esta responsabilidad, aclara el organismo, deben asegurarse de que sus actividades empresariales no causen abusos de derechos humanos ni contribuyan a ellos. Deben identificar y evaluar el impacto real o potencial de sus actividades sobre los derechos humanos mediante la realización de un análisis de diligencia debida basado en los riesgos.
De acuerdo a la información que Kirin ha facilitado en sus cartas a Amnistía Internacional, la empresa no ha adoptado tales medidas y, como resultado, habría podido contribuir a los abusos de derechos humanos en Myanmar, tanto a través de la concesión de donaciones a las autoridades como del aparente respaldo a las actividades de las fuerzas armadas en el estado de Rajine.
En febrero de 2018, Kirin estableció una nueva política de derechos humanos global e informó a Amnistía Internacional de que tenía intención de priorizar la revisión de la actuación de Myanmar Brewery en el país. Asimismo, anunció la suspensión de todas las donaciones.
En 2016, el Gobierno de Japón anunció que tenía intención de formular un Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Los esfuerzos encaminados a regular la conducta de las empresas y garantizar que se respeten los derechos humanos son —por supuesto— necesarios, y Amnistía Internacional pide que se finalice el Plan de Acción a la mayor brevedad. Sin embargo, el Gobierno de Japón no debe utilizar la elaboración de dicho Plan como excusa para retrasar la toma de medidas inmediatas dirigidas a abordar las actuaciones indebidas por parte de las empresas.

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