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Sobre la ley que establece el femicidio como delito y aumenta protección para potenciales víctimas de este crimen.

Hay un aumento de penas, pero sólo para el caso en que el agresor sea el ex cónyuge o ex conviviente de la víctima, en que la pena puede ser de quince años de cárcel a cadena perpetua calificada.

19 de junio de 2018

En una reciente publicación de la Biblioteca del Congreso Nacional se explica la ley que establece el femicidio como delito y aumenta la protección para potenciales víctimas de este crimen.
La BCN define el femicidio como el homicidio cometido contra la mujer que es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del crimen.
Con respecto a las penas por femicidio, se sostiene que el autor será castigado con penas de parricidio, de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Es decir, podrá recibir una condena que puede ir de quince años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado, que le impide postular a la libertad condicional antes de cumplir los 40 años presos.
Asimismo, se señala en el texto que hay un aumento de penas, pero sólo para el caso en que el agresor sea el ex cónyuge o ex conviviente de la víctima, en que la pena puede ser de quince años de cárcel a cadena perpetua calificada. Hasta ahora, la pena por estos casos era de cinco a quince años de cárcel o, en algunos casos, de diez años de cárcel a presidio perpetuo simple. Esta última pena le permitía obtener la libertad condicional a los 20 años de cumplimiento efectivo.
En lo que se refiere a la protección que se ofrece a una potencial víctima de femicidio, en los casos de violencia intrafamiliar, el hecho de que el denunciado se oponga de manera violenta a aceptar el fin de la relación sentimental que haya mantenido recientemente con la víctima, se entenderá como “situación de riesgo”, facultando al tribunal a decretar medidas de protección para la víctima.
Además, el juez puede ordenar que el denunciado se presente regularmente en la unidad policial que el mismo magistrado determine.
Asimismo, todas las medidas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar que un juez dicte en su sentencia (como prohibir al ofensor acercarse o a compartir el hogar con la víctima, prohibirle poseer armas de fuego u obligarlo a asistir a programas terapéuticos) tendrán una vigencia máxima de dos años, y no uno, como hasta ahora.

 

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