CS reconoció relación laboral entre trabajador a honorarios y Municipalidad de Valparaíso.

La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en relación al fallo dictado por la Corte de Valparaíso, que desestimó el recurso de nulidad deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Valparaíso, la que había rechazado la declaración de la existencia de relación laboral y la demanda de nulidad del despido y despido injustificado deducidas por un trabajador a honorarios en contra de la Municipalidad de Valparaíso.

El máximo Tribunal expuso que, en relación a la aseveración que formula la sentencia impugnada relativa a que el impedimento legal que afecta a las municipalidades de efectuar contrataciones bajo el régimen del Código del Trabajo impediría de manera absoluta que un contrato celebrado bajo el estatuto del artículo 4° de la Ley N° 18.883 devenga en uno de naturaleza laboral, aunque se constate no cumplir sus requisitos y la concurrencia de los elementos propios de la relación laboral, debe indicarse que el principio de primacía de la realidad corresponde a una exigencia fundamental del Derecho del Trabajo, que debe servir como criterio interpretativo de la decisión judicial, que contiene el mandato de atender, por sobre las formalidades, la manera efectiva en que se desarrolla una determinada vinculación de prestación de servicios personales, lo que significa que la determinación de su naturaleza debe realizarse conforme como se constata en la práctica. Ello implica, además, que el ejercicio de calificación de los hechos constatados debe ser efectuada desde la perspectiva del trabajador, entendiendo, desde la naturaleza tutelar propia de esta disciplina, que a éste le interesa como se desarrolló su vinculación de manera concreta, siéndole indiferente la fórmula contractual o fundamento jurídico que la sustenta, ya que, sólo de ese modo, se cumple la finalidad del derecho laboral, que busca balancear el desequilibrio propio de sus relaciones, donde el empleador se ubica en una posición privilegiada que le permite decidir y dirigir, entre otros factores, las formalidades de la contratación.

Por ello, sostiene la sentencia del máximo Tribunal, no puede ser indiferente para la judicatura que un contrato de prestación de servicios personales con una municipalidad, aunque formalmente responda a la facultad del artículo 4° de la Ley N° 18.883, en la práctica manifieste elementos propios de una relación laboral, pues la protección que implica el reconocimiento de tal categoría jurídica se extiende de manera amplia, a todo tipo de trabajadores, incluyendo a aquellos que, aunque vinculados conforme tal precepto, en la práctica sus servicios no se encuadran en los presupuestos legales que autorizan el régimen de contratación a honorarios. Pues bien, al contrario de lo expresado en el fallo impugnado, el error o ilegalidad en que incurre un ente público, como una municipalidad, al utilizar indebidamente la facultad del artículo 4° de la Ley N° 18.883, no puede extender sus efectos viciados en perjuicio del trabajador, pues la responsabilidad administrativa que procede en dichos casos debe circunscribirse a su autor, pero no a terceros de buena fe, en cuanto no son responsables del acto viciado.