Las personas que se manifiestan, señala el organismo, se han enfrentado habitualmente a una demostración de fuerza y medidas restrictivas que conculcan su derecho a ser vistas y oídas.
Amnistía Internacional sostiene que pese a la creciente represión de las protestas pacíficas, la población de Polonia sigue saliendo a las calles para protestar valientemente por los abusos contra sus derechos y las amenazas al Estado de derecho.
De acuerdo a Amnistía, The Power of ‘the street’: Protecting the right to peaceful protest in Poland documenta la manera en que la gente está tomando las calles en un entorno en el que una legislación restrictiva, combinada con una política de mano dura y con prácticas de vigilancia, acoso y procesamiento, amenazan con estrangular el derecho de manifestación pacífica.
Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, asegura que “la negativa a guardar silencio de quienes se manifiestan da testimonio de su resistencia. Las autoridades polacas están amenazando a manifestantes pacíficos con la detención y el procesamiento, y en algunos casos la policía ha llegado a golpear y maltratar a personas que se manifestaban”.
Agrega que “muchos manifestantes son sometidos también a vigilancia a medida que se criminaliza cada vez más la protesta pacífica”.
A continuación destaca que “la población polaca está adoptando una valiente postura frente a la política de demonización mientras sigue tomando las calles en desafío de unas leyes cada vez más restrictivas y unas represivas medidas políticas destinadas a silenciarla”.
Amnistía comenta que desde 2016, decenas de miles de personas se han echado a la calle en Polonia para protestar contra la legislación represiva que tiene como finalidad restringir los derechos de las mujeres y socavar la independencia del poder judicial.
Las personas que se manifiestan, señala el organismo, se han enfrentado habitualmente a una demostración de fuerza y medidas restrictivas que conculcan su derecho a ser vistas y oídas. Cientos de personas se han encontrado bajo custodia policial y ante largos procedimientos judiciales.
Luego, Amnistía recuerda que en abril de 2017 entró en vigor una reforma a la Ley sobre Reuniones que, en la práctica, prohibía las contramanifestaciones en el centro de Varsovia, cerca de donde se celebran las concentraciones progubernamentales. Las fuerzas de seguridad han emprendido medidas drásticas y de mano dura para hacer cumplir la ley.
Las autoridades, añade, a menudo dan a las manifestaciones progubernamentales y nacionalistas un trato preferente respecto a otros tipos de reuniones. Por el contrario, los manifestantes pacíficos que cuestionan al gobierno suelen ser sometidos a acciones policiales de mano dura y a procesamiento.
Amnistía Internacional también ha documentado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas y manifestaciones, sin que apenas haya rendición de cuentas por esos abusos policiales.
El organismo arguye también que a la vez que endurece las leyes que afectan al ejercicio del derecho a la libertad de reunión, el Gobierno ha ampliado enormemente los poderes de vigilancia de los organismos encargado de hacer cumplir la ley. La enmienda de 2016 a la Ley de Policía amplió el ámbito de la vigilancia, sin salvaguardias adecuadas, para incluir la vigilancia fuera del contexto de una investigación penal.
Los tribunales, añade, han confirmado en gran parte los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Sin embargo, esto puede cambiar pronto tras las reformas introducidas en 2017 en el poder judicial, que limitan gravemente la independencia de la judicatura al someterla al control y la influencia política.
Desde luego, sostiene Amnistía, los jueces están sufriendo presiones políticas en Polonia. Los que se han negado a ceder a esas presiones tras las reformas, ya han informado que están siendo objeto de acoso, incluidos procedimientos disciplinarios.
Por último, Amnistía solicita que las autoridades polacas dejen de criminalizar las protestas, levantar las restricciones desproporcionadas a la libertad de reunión y expresión y asegurar la independencia del poder judicial para garantizar la protección de todos los derechos humanos.

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