La moción de los senadores Barros, Carter, Castro, Hernández, Lavín, Noman, Prieto, Rentería, Trisotti y Von Muhlenbrock, expone que las regiones de nuestro país se caracterizan por ser fuente de grandes actividades económicas que han impulsado el desarrollo.
Observa luego que dentro de ellas destaca la actividad minera, el comercio, los servicios, el sector agropecuario y la silvicultura, de tal manera que nos encontramos con un país con gran diversidad de fuentes productivas haciéndolas sumamente atractiva para miles de trabajadores.
En ese sentido, los autores de la iniciativa destacan que, de conformidad al informe ejecutivo del empleo de la región de Atacama elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de forma trimestral, señala que las tres ramas que presentaron las mayores incidencias en el crecimiento de la ocupación de la población respecto al período comprendido entre febrero y abril del 2018, fueron: Comercio 19,1% (4.980 personas), Minería 11,4% (2.240 personas), Alojamientos y Servicios de Comidas con 48.4% (2.240).
A su vez, sostienen que nuestra zona norte centro y sur, se erigen con un gran potencial desde el punto de vista económico y de su fuerza de trabajo, recibiendo a inmigrantes de origen extranjero y connacionales, que motivados por la posibilidad de encontrar mejores oportunidades laborales, buscan establecerse en estas regiones.
Sin embargo, la propuesta legal advierte que lo anterior trae consigo grandes costos, algunos de ellos de orden económico, y absorbidos directamente por las industrias en que se desempeñan dichas personas, y otros costos que podríamos definir como no tangibles, que se traducen en la disminución de ofertas laborales para quienes tienen su domicilio permanente en la región, consecuencialmente, la capacidad de desarrollarse y quedarse en la misma.
Por tales motivos, y en atención a la legítima preocupación de la autoridad en orden a proteger a los habitantes locales a fin de resguardar la posibilidad de desarrollo profesional dentro de la región y las ofertas laborales existentes en la misma, teniendo por principales destinatarios de estas, a los habitantes locales, el proyecto de ley propone modificar el artículo 19 del Código del Trabajo, estableciendo una limitación de a lo menos un 65% en la contratación de personas que sean oriundas de la región, es decir locales, con el objeto de proteger la fuente de trabajo de las mismas.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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