El objetivo central de la nueva Comisión Investigadora ratificada por la Sala de la Cámara de Diputados, por 79 votos a favor, 33 en contra y 27 abstenciones, es indagar sobre los actos ilegales y/o fraudulentos cometidos en el Ejército de Chile, a partir del año 2005, con ocasión de los procedimientos de compra de bienes por parte de dicha institución a empresas públicas y privadas.
La instancia, solicitada por 66 diputados, además deberá pesquisar sobre la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores, según constaría en la contabilidad de dicha rama de las Fuerzas Armadas.
Entre los antecedentes, los solicitantes mencionan recientes informaciones de prensa que dan cuenta del posible pago múltiple de facturas por parte del Ejército a sus proveedores, de los cuales destaca la Fábrica de Maestranzas del Ejército (Famae), tal como se establecería en el proceso judicial llevado a cabo por la ministra Romy Rutherford y los datos obtenidos por el Ministerio Público.
El documento detalla que "uno de los más relevantes hechos acontecidos, dentro de los antecedentes periciados en la investigación en comento, son los relacionados con las planillas de compras de armas registradas por la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef). En dichos antecedentes se da cuenta de pagos de facturas por una total de 661 millones de dólares, de las cuales 200 millones de dólares corresponderían a pagos de la misma factura en más de una oportunidad, justificadas en compras con proveedores determinados, de diferentes bienes, entre ellos, venta de armas y sistemas bélicos, muchas veces definidos por contratos directos, entre ellos Famae y diferentes empresas extranjeras, como por ejemplo 'Rafael Advanced Defence'".
La Comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a ciento veinte días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

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