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Publican «Señales del Gobierno en educación escolar: un giro silencioso».

De acuerdo a LyD, el plan denominado «Todos al Aula», lanzado hace exactamente un mes por el Presidente Sebastián Piñera, y la creación de un Centro de Innovación en el MINEDUC, son claramente señales positivas.

17 de julio de 2018

En una reciente publicación del Instituto Libertad  y Desarrollo se  da a conocer el informe “Señales del Gobierno en educación escolar: un giro silencioso”.  Se afirma que durante los últimos años, el debate público en materia de educación escolar estuvo guiado por una serie de consignas que fueron creando una lógica de confrontación y un clima de desconfianza hacia la labor de los establecimientos educacionales, fundamentalmente particulares subvencionados.
Esta situación, a su vez, se plantea, pavimentó el camino a nuevas leyes que tuvieron como factor común la expansión del control del Estado sobre el quehacer de los colegios, reduciendo su autonomía y, paradojalmente, los espacios para la mejora. La idea del “fin al lucro” es quizás el mejor ejemplo de ello. El apoyo que en su momento logró este eslogan motivó la introducción de numerosas obligaciones y prohibiciones que tuvieron como objetivo impedir el “mal uso” de los recursos públicos por parte de los colegios.
No obstante, asegura LyD, en la práctica éstas han resultado en una limitación para la gestión fluida de los mismos, al punto de terminar dificultando incluso aquellas decisiones que efectivamente buscan el mejoramiento de los aprendizajes.
Asimismo, se indica, esta lógica bajo la cual ha venido operando el sistema escolar en los últimos años, y la consecutiva reducción en los espacios de libertad de las escuelas, ha ido generando cada vez más dificultades para innovar, es decir, para buscar e implementar nuevas metodologías y programas orientados a la mejora de los aprendizajes de los alumnos.
En las últimas décadas, continúa el informe,  Chile ha sido reconocido a nivel mundial y regional como uno de los países que alcanza los mayores progresos en las diversas mediciones disponibles (PISA, TIMSS y TERCE). No obstante, el estancamiento registrado en las pruebas SIMCE da cuenta de la urgencia de abrir camino a dichas innovaciones.
Si bien es difícil –si no imposible-, se advierte, cambiar las leyes ya aprobadas en el corto plazo, otras iniciativas que se están tratando de impulsar desde el Ministerio de Educación (MINEDUC), dan cuenta de un giro respecto a la lógica en que se vino actuando en los últimos años.

 

PLAN “TODOS AL AULA”

LyD expone que según cifras de la Superintendencia de Educación Escolar, hemos llegado al absurdo de más de 2.300 requerimientos que los colegios deben cumplir, y a los cuales los directivos escolares están destinando más de la mitad de su tiempo, en lugar de concentrarse en lo estrictamente pedagógico. Así pues, hay una serie de aspectos en los cuales la mentada sobrecarga administrativa se evidencia. Quizás el más evidente, son las exigencias a la hora de acreditar el “buen uso” de los recursos públicos: la existencia de diversos tipos de subvenciones, que responden a distintos propósitos (retención de alumnos, mantenimiento del mobiliario, apoyo a alumnos vulnerables, etc.) y deben ser rendidas en forma separada, genera enormes complicaciones para la gestión, pues en la práctica los gastos no son separables. El temor a que las rendiciones de recursos sean rechazadas, y que la autoridad -en su facultad interpretativa- juzgue que algún ítem no se ajusta a los propósitos de la ley, han ido dificultando las decisiones directivas, al punto de trancar incluso iniciativas que realmente tienen un fin educativo.
Es en ese contexto, comenta LyD,  que hace exactamente un mes el Presidente Sebastián Piñera lanzó el plan denominado “Todos al Aula”, con el fin de generar propuestas para simplificar y coordinar la presión administrativa y regulatoria que ejercen los distintos organismos del Estado sobre los establecimientos de educación escolar, de manera de ampliar los espacios para que los equipos directivos y sostenedores puedan dedicar su tiempo al mejoramiento de la calidad de la educación.
Para ello, se detalla,  se definieron tres instancias en las que se recogerán antecedentes y se elaborarán propuestas: una comisión de trabajo liderada por la ex Ministra de Educación Mariana Aylwin y conformada por diversos especialistas, una consulta nacional web dirigida a todos los directores y sostenedores del país, y por último, mesas de diálogo regionales en las que participarán directores, sostenedores y profesores. De esta forma, se pretende definir líneas de acción que guíen el trabajo del MINEDUC a través de tres áreas: iniciativas de gestión para articular mejor la interacción de las instituciones del Estado con las escuelas; iniciativas administrativas que simplifiquen los requerimientos hacia las escuelas para efectos de recolección de información, pago de subvenciones, y otros; y por último, iniciativas legislativas que apunten a reducir y flexibilizar la regulación vigente.
Es interesante, se añade en el texto, el consenso que esta iniciativa generó en la opinión pública, que entendió con naturalidad la problemática que acarrea la excesiva intervención estatal en los colegios -que se manifiesta en la excesiva burocracia- y compartió la necesidad de reducirla al mínimo. Ello, sin duda, constituye un giro respecto a la lógica instalada por el Gobierno anterior, pues el fondo de esta iniciativa significa dejar atrás la desconfianza y el involucramiento excesivo del Estado para controlar el “buen uso” de los recursos por parte de los colegios, y en cambio, transitar hacia una relación de confianza y una valoración de la autonomía de los establecimientos educacionales.

UN IMPULSO A LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN

Además, dice LyD, hay una segunda iniciativa que se presentó la semana pasada, y que ratifica esta intención de girar hacia la dirección correcta. Se trata de la creación de un Centro de Innovación en el MINEDUC que tendrá como objeto acelerar y escalar experiencias innovadoras para el desarrollo de técnicas de aprendizaje que potencien las habilidades claves para el siglo XXI, como la creatividad, adaptabilidad y el pensamiento crítico. La idea es difundir experiencias novedosas y comprobadamente efectivas para mejorar la enseñanza en la escuela, poniéndolas a disposición de los colegios, de manera que éstos puedan adaptarlas a sus propias realidades. Asimismo, se buscará potenciar el rol de la tecnología como recurso educativo, es decir, integrándola al currículo escolar y capacitando a los profesores, tal como recomienda la literatura experimental sobre el tema.

¿SERÁ ESTO SUFICIENTE?

LyD arguye que no podemos olvidarnos que el escenario que enfrentará el sistema escolar en los años venideros es muy complejo, pues entrarán en vigencia una serie de leyes que imponen enormes desafíos para el sistema. En lo que dice relación con la Ley 20.845 -mal llamada por sus autores como de inclusión- aún no termina el plazo para que los colegios se adapten a las nuevas reglas que fueron pensadas para “terminar con el lucro”, y tampoco se encuentran en régimen el término del financiamiento compartido ni el nuevo sistema de admisión centralizado.
En cuanto al financiamiento compartido, se añade, la ley establece su disminución gradual junto con una sustitución parcial con recursos públicos. Así, si bien en el corto plazo esta medida podría no tener efectos relevantes, el avance hacia la dependencia total del financiamiento estatal provocará un déficit de recursos para la inversión en infraestructura y hará patente el peligro que conlleva quedar en las manos de la voluntad estatal. En cuanto a la Ley de Carrera Docente, ésta dispone que los profesores de establecimientos particulares subvencionados ingresarán recién el año 2026, mientras que los del sector municipal ya entraron. Así, si bien existe la posibilidad de optar a un ingreso anticipado desde el próximo año, en el intertanto se está produciendo una diferencia en los recursos que entrega el Estado para financiar las remuneraciones de los docentes de uno y otro sector, generando presiones evidentes.
Por último, se expone también, desde el presente año se está llevando a cabo el proceso gradual de desmunicipalización, que establece el traspaso de las escuelas y liceos municipales a nuevos entes administradores, llamados Servicios Locales de Educación. Este proceso no ha estado libre de problemas, y es posible que a medida que se siga avanzando, vayan apareciendo nuevos imprevistos que será necesario resolver. Con todo, es claro que la actual administración enfrenta el desafío de implementar todas estas leyes de la forma menos traumática posible, sin embargo, no posee la potestad para modificarlas, frenarlas o mejorarlas.
No obstante, se arguye, lo mostrado en estos primeros meses constituye un buen primer paso, pues si se quiere llegar a consensuar cambios relevantes a nivel legislativo, es imprescindible partir por revertir el clima que imperaba en la discusión pública y que fue el que permitió que se llevaran a cabo las reformas del Gobierno anterior.

 

Vea texto íntegro del documento

 

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