La moción presentada por la diputada Marzán, expone que si bien en la actualidad ha habido un avance en acciones que apuntan a la protección de derechos humanos de las personas mayores, igualmente existen una serie de conductas que vienen a poner en riesgo la calidad de vida de estos, en particular aquellas acciones de privación, maltrato o abuso económico, financiero y patrimonial.
Observa luego que este tipo de maltrato reviste relevancia pues implica “la utilización no autorizada, ilegal o inapropiada de fondos, propiedades o recursos de una persona mayor”.
En ese sentido, la autora de la iniciativa sostiene que la mayoría de los casos de abuso en contra de los adultos mayores no son reportados por éstos, dada la condición de vulnerabilidad existente y la relación de afectividad que, gran parte de las veces, tienen con su victimario.
Se agrega luego que el maltrato tiene consecuencias en la calidad de vida de las personas mayores, sus diversas formas físicas, verbales, psicológica, sexual y abuso económico, puede reflejar simple negligencia pero, también acciones intencionadas, que no se pueden tolerar.
Así, la propuesta legal advierte que cualquier forma de maltrato se trata de una violación de derechos humanos y, es una causa importante de lesión, enfermedad, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación y más aún, para las personas mayores que en condiciones especiales de vulnerabilidad se transforman en grupos de riesgo.
Por lo antes expuesto, y con el objeto de asegurar que efectivamente se sancione con mayor eficacia actos de violencia intrafamiliar las acciones constitutivas de abuso patrimonial o económico en contra de los adultos mayores de nuestro país, el proyecto de ley propone la modificar la Ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, estableciendo expresamente como acto constitutivo de violencia intrafamiliar el abuso patrimonial o económico hacia adultos mayores de parte de quien o quienes lo tienen a su cuidado o de parte de quien el adulto mayor depende.
Asimismo, plantea como causal de abuso patrimonial o económico “la excesiva o indebida utilización del activo o pasivo del adulto mayor; cualquier engaño o artificio en beneficio propio o de terceros que sea constitutivo de una falta a los deberes de cuidado, sea que provengan de relaciones de familia, contractuales, órdenes judiciales, o en virtud de la ley; y el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por algunos de los parientes que lo tienen a su cuidado, o de parte de quien el adulto mayor depende”.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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