Como una forma de mejorar el acceso a la justicia para personas en situación de discapacidad y migrantes, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través del Consejo Superior, ha desarrollado desde fines del año 2016 un programa piloto de traducción en línea que permite la interpretación en lengua de señas chilena y creole, de forma simultánea y en tiempo real.
Cabe señalar que esta iniciativa fue implementada en 18 tribunales, pertenecientes a las jurisdicciones de Antofagasta, Copiapó, Santiago, San Miguel, Talca, Concepción y Temuco. Lo anterior, con el propósito de evaluar su desempeño, como una herramienta que contribuya al trabajo de los jueces/zas y funcionarios/as, mejorando el acceso a la información de aquellos usuarios/as que sufren de dificultades de comunicación durante los procesos judiciales.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de expansión, la que permitirá extender el alcance del programa a los módulos de atención de público de 230 juzgados reformados (que tengan procedimientos orales) a nivel nacional.
Adicionalmente, considera aumentar el servicio de interpretación, incorporando las siguientes lenguas extranjeras y originarias: Inglés, Francés, Alemán, Ruso, Chino, Árabe, Mapudungun, Quechua, Aimara.
El proceso de implementación, fue iniciado por el Departamento de Desarrollo Institucional y el Departamento de Informática, con el apoyo de las Administraciones Zonales, durante los meses de julio y agosto. En esta etapa, los actores mencionados de la CAPJ, continuarán con el desarrollo del programa.
El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, aseguró que "este avance permitirá que un mayor número de personas puedan acudir a tribunales y ser escuchados y atendidos adecuadamente".
Luego, el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Mario Lara, indicó que "estamos muy contentos de extender este proyecto, que mejorará el acceso y beneficiará a todas las personas que lo necesiten".
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*TC se pronunciará respecto del fondo de inaplicabilidad que impugna normas del Código Orgánico de Tribunales que incidirían en proceso por violaciones a los DDHH.