La moción de los diputados Carvajal, Celis, González, Jiménez, Nuyado, Orsini, Parra y Saavedra, expone que la capitalización individual es la base del sistema de pensiones en Chile y las seis administradoras de fondos de pensiones (AFP) que operan en el país tienen diez millones y medio de afiliados y en sus arcas -a mayo de 2018- contablizan cerca de US$210.000 millones, de los cuales un 44% son invertidos en diversos instrumentos que se transan en mercados externos.
Observa luego que los trabajadores y trabajadoras traspasan mensualmente el 10% de sus sueldos imponibles a las AFP. Añade, que a estos montos se suma la comisión que cobran estas entidades con el propósito de administrar los ahorros previsionales.
Así, indica, que según datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones, esta prima tiene un promedio de 1,16%, lo que en otras palabras, si una persona impone por $700.000, las gestoras extraen de esa renta $70.000 por concepto de capitalización individual y $8.120 por servicios operacionales.
En ese sentido, los autores de la iniciativa hacen presente que existe una segunda comisión que aplican las administradoras, la cual no está detallada en la cartola que reciben los afiliados trimestralmente, la cual se conoce como “comisiones ocultas” o “comisiones fantasmas” y adquieren esta denominación justamente por la escasa información que se tiene de ellas, las que a diferencia del cobro que se hace por administrar los ahorros de los trabajadores, esta prima se carga a los fondos de pensiones y tienen como objetivo pagar las operaciones en materia de inversión que realizan los brokers o intermediarios financieros, tanto en Chile como en el extranjero.
Como corolario de lo anterior, la propuesta legal advierte que de acuerdo a datos proporcionados por la superintendencia, los montos extraidos durante el tercer trimestre de 2017 para el pago de brokers superaron levemente los US$130 millones (82.871 millones de pesos), equivante a un 0,7% de los fondos acumulados a la fecha. En términos más globales, la Fundación Sol estima que entre los años 2014 y 2017, las AFP gastaton en este ítem cerca de US$5.500 (3.3 billones de pesos).
Por lo antes expuesto, y considerando los montos involucrados, el proyecto de ley propone modificar el artículo 45 bis del Decreto Ley Nº 3.500, exigiendo a las administradoras que informen a los afiliado en detalle cada uno de los cobros que se efectúan tanto a sus rentas como a sus ahorros previsionales.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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