TC de España determina que Parlamento de Galicia puede suprimir por ley Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo.

El Tribunal Constitucional de España desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la disposición adicional cuarta, transitoria única y final tercera, apartado 5, de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2017, de 8 de febrero, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Ordenación que, entre otras cuestiones, contemplaba la supresión del cuerpo de letrados del Consejo Consultivo de Galicia.

Cabe recordar que los diputados recurrentes señalaban que la reorganización del personal del Consejo Consultivo suponía una ley o régimen singular no justificado y contrario al principio de interdicción de la arbitrariedad, así como que dicha medida se adoptara mediante una ley de acompañamiento a los presupuestos, con lo que también se vulneraba el principio de seguridad jurídica. Asimismo, consideraban que la reforma del Parlamento gallego era contraria a la doctrina de la STC 204/1992 por romper la equivalencia institucional y de garantías para que los órganos consultivos y autonómicos puedan reemplazar al Consejo de Estado en sus respectivos ámbitos. Por último, también se reprochaba al legislador autonómico que la ley vulneraba el derecho de los funcionarios del cuerpo suprimido a mantenerse en el puesto que venían ocupando sin perturbaciones ilegítimas, de acuerdo con la interpretación del artículo 23.2 de la Constitución Española (CE).

En su sentencia, el TC español explicó que, de acuerdo con su doctrina, la reserva de ley no es absoluta, sino que permite habilitar al Gobierno para llevar a cabo refundiciones e integraciones de cuerpos funcionariales, aunque con una predeterminación legislativa suficiente. Así, el ordenamiento autonómico gallego ha asumido y establecido esta exigencia en el artículo 40.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia. Cabe recordar que dicha norma afirmaba de un modo taxativo que “los cuerpos y escalas del personal funcionario se crean, refunden, modifican y suprimen por ley”.