Recientemente, Luis María Palma, abogado de Universidad de Belgrano, Argentina, publicó un trabajo en el que reflexiona sobre aspectos relevantes de la organización y funcionamiento de los sistemas judiciales latinoamericanos, destacando así, los problemas que les son propios, su agudización en el contexto de la globalización, y ciertas herramientas y criterios de probada utilidad para lograr una mayor eficacia y eficiencia en los servicios de la justicia.

Al respecto, aduce el autor que el tratamiento de esta temática responde a la necesidad de considerar el desempeño de la organización judicial, en un escenario de cambio que se ve constante y crecientemente acelerado a escala planetaria.

De ese modo, el autor desarrolla su trabajo en base a tres fundamentos, el primero consiste en que la Justicia es un bien público que debe ser asegurado desde el órgano de gobierno -denominado “Poder Judicial” o, en su caso, “Administración de Justicia”- que ostenta la mayor de las relevancias para la vigencia, acatamiento y/o restauración de los derechos individuales, colectivos, sociales, y de segunda o ulterior generación.

El segundo, refiere a que la humanidad se enfrenta a problemas cuya resolución requiere imperiosamente de la cooperación entre los Estados Nacionales. Así sucede, por ejemplo, frente a crisis derivadas de la pérdida del control sobre la tecnología -manifestadas en catástrofes medioambientales, consecuencias del uso de armas de destrucción masiva, mutaciones genéticas, pandemias, etc.-, y realidades como la criminalidad transnacional organizada y el terrorismo global, entre otras.

En tercer lugar, expresa que pretende contribuir, mediante la investigación aplicada, al debate sobre la modernización del sector desde una perspectiva sistémica, al desarrollo de una estrategia basada en la interdependencia, el diálogo y la participación de los actores que integran el grupo social de la Justicia, y a la formulación de políticas públicas para la construcción de nuevos modelos de gestión y administración de las unidades judiciales.

Finalmente, y luego de evidenciar un grupo de debilidades que padecen los Estados para ejercer el control individual del comportamiento del mercado global, el autor sugiere una serie de medidas que, en su opinión, los Gobiernos deben entonces procurar.

De acuerdo a lo anterior, concluye el trabajo manifestando que, en un escenario que la humanidad y la evolución tecnológica hacen tan cambiante como impredecible, ninguna respuesta será definitiva, pero si podrá “representar el inicio de un camino sin punto de llegada, caracterizado por la renovada necesidad y formulación de servicios más diversos, amplios y comprensivos, que faciliten la realización o restauración de los derechos de manera más eficaz y eficiente, en beneficio de la paz social y el progreso de los pueblos”.

Vea texto íntegro de la publicación.

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