Amnistía Internacional solicita al Congreso de Guatemala que rechace el proyecto de ley 5272 titulado “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, ya que vulneraría los derechos de miles de mujeres, niñas y personas LGBTI en Guatemala.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional asegura que “esta iniciativa de ley en realidad amenaza lo que dice proteger: la vida y las familias”.
Por ello, dice Amnistía exige al Congreso de Guatemala que rechace este “descabellado” proyecto de ley que pone en riesgo la vida y los derechos de las mujeres, niñas y de las personas LGBTI, y que dedique sus recursos a protegerlas a través de leyes y políticas que garanticen la igualdad real.
A continuación, explica que entre otros aspectos preocupantes, la iniciativa propone modificar el código penal para criminalizar los abortos espontáneos, imponiendo penas de prisión para mujeres que los han sufrido y para castigar a quienes “promuevan o faciliten medios para la realización del aborto. Estas disposiciones ponen en riesgo la vida y el acceso de las mujeres y niñas a los servicios de salud”.
Luego comenta que en la actualidad la ley guatemalteca sólo permite el aborto en caso de riesgo para la vida de las mujeres o niñas embarazadas, vulnerando su autonomía reproductiva.
Añade que la penalización del aborto e información sobre servicios de interrupción voluntaria del embarazo vulnera los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
Por ello,  arguye el Estado guatemalteco debería de despenalizarlo completamente y garantizar el acceso legal y seguro al aborto, incluyendo información al respecto.
Además, el organismo señala que el proyecto también discrimina directamente a las personas LGBTI, al prohibir expresamente matrimonios y el reconocimiento de uniones de hecho entre personas del mismo sexo, y propone una definición de familia excluyente y discriminatoria.
También, agrega, de manera peligrosa, formula un supuesto “derecho” a “no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género”, legalizando de facto las conductas discriminatorias que pueden contribuir al fomento de la violencia contra personas LGBTI.
Adicionalmente, destaca que el proyecto vulnera los derechos de los niños y de las niñas de tener acceso a una educación integral en sexualidad, ya que prohíbe “enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.
Por ello, Amnistía argumenta que en un contexto de persistencia de la discriminación y reacciones frente a la igualdad de género y los derechos de las mujeres y niñas y personas LGTBI, es fundamental que Guatemala se abstenga de promover estereotipos dañinos y que garantice el derecho de todas las personas a no ser discriminadas, incluyendo por su condición u orientación sexual o identidad de género.
La iniciativa de ley 5272 fue presentada al Congreso el 27 de abril de 2017. El 28 de agosto de 2018 se aprobó la segunda lectura. Se necesita ahora una tercera lectura en Pleno, que podría tener lugar en los próximos días, antes de proceder a la aprobación artículo por artículo.

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