La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la ONU; Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de la ONU; la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Dr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU adoptan una declaración conjunta, para responder a la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas.
La Comisión explica que las organizaciones y expertos firmantes de la declaración llaman a los Estados junto con otros actores relevantes tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación a desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela.
De acuerdo con la Comisión, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, para junio de 2018 se estimaba que 2.3 millones de personas venezolanas han salido de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Asimismo, el ACNUR registraba 299,016 solicitantes de asilo y 585,996 personas procedentes de Venezuela optaron por otras alternativas de regularización al 1 de agosto de 2018.
La CIDH y los expertos del Sistema de la ONU valoran que, ante esta situación, los países del continente americano hayan respondido ofreciendo distintas alternativas migratorias en aras a garantizar los derechos humanos de las personas venezolanas, o bien reconociéndolas como refugiados bajo la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la definición ampliada contenida en la Declaración de Cartagena de 1984.
No obstante, la CIDH, el CMW, el CRC, el ACNUDH y los expertos del Sistema de la ONU también expresan su preocupación ante prácticas discriminatorias que se han observado en los últimos meses en la región, que van desde la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; casos de deportaciones arbitrarias y expulsiones colectivas; hasta brotes de discriminación y violencia xenófoba contra la población venezolana en algunas localidades receptoras de dicha población.
Al respecto, los firmantes de esta declaración conjunta observan que diversos Estados americanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) vienen promoviendo distintas reuniones y espacios para desarrollar respuestas ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas a países del continente americano, entre ellas la Reunión del Consejo Andino de Autoridades Migratorias de Colombia, Ecuador y Perú el 29 de agosto de 2018; la Reunión Técnica Regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas realizada en Quito, Ecuador, los días 3 y 4 de septiembre de 2018; y la Sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para el 5 de septiembre de 2018 con el objetivo de considerar la situación de los migrantes venezolanos en los países de la región.
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