El Tribunal Constitucional español acogió a trámite el recurso presentado por el Gobierno de ese país contra la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
Al efecto, la Magistratura Constitucional española acordó conferir traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de Diputados y Senadores, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
Por su parte, el Gobierno autonómico considera que se han vulnerado varios preceptos de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Aragón y de las Directivas del Parlamentos Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
Conforme a lo anterior, el Tribunal Constitucional español se pronunciará sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
Vea texto íntegro del comunicado y de la resolución.
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