El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que aspira a perfeccionar el actual sistema de propiedad industrial, permitiendo una mejor protección y observancia de estos derechos y estableciendo procedimientos de registro más eficientes y expeditos, que no solo faciliten los trámites que los usuarios deben realizar para su obtención, sino que también permitan al órgano encargado de su otorgamiento, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), realizar una gestión más rápida, eficiente y de mejor calidad.

Por lo anterior, el proyecto de ley modifica la Ley de Propiedad Industrial, simplificando y agilizando las notificaciones que debe realizar el INAPE a sus solicitantes y usuarios en las distintas etapas del procedimiento de concesión de derechos, así como en las gestiones contenciosas, permitiendo que algunas de ellas se realicen por medios electrónicos. También contempla la posibilidad de otorgar fecha de presentación a una solicitud de patente sin exigir el pago de tasas; el cobro de tasas por exceso de hojas en las solicitudes de patentes; la opción del pago de tasas por anualidades; simplificar el procedimiento de renovación, para que la marca comercial sea solicitada y pagada simultáneamente; adelantar el pago de tasas por anotaciones al momento de la solicitud; y declarar improcedente la devolución de las tasas pagadas al INAPI.

De igual modo, el proyecto busca eliminar el registro de las marcas de establecimiento comercial e industrial; reconocer nuevos tipos de signos registrables como marcas comerciables, como marcas en movimiento, hologramas y marcas de posición, olfativas y táctiles; mejorar la regulación de las marcas colectivas y de certificación; declara como exclusiones a los derechos marcarios a los seudónimos y genéricos; regula el restablecimiento de derechos respecto a las solicitudes de patentes; obliga al uso efectivo de las marcas comerciales registradas so pena de caducidad del registro; restaura el derecho de prioridad en materia de patentes; se contempla la posibilidad de solicitar una patente provisoria; y se regulan excepciones a los derechos de patentes, por ejemplo para fines de investigación o usos no comerciales. Además, tipifica el delito de falsificación marcaria y establece una acción de usurpación de patente. Asimismo, se establece un máximo de cinco años de extensión de la protección suplementaria; se crea un procedimiento especial para el depósito de dibujos y diseños industriales; se extiende a 15 años el plazo de duración de los dibujos y diseños industriales; se traspasa a los tribunales ordinarios de justicia el conocimiento de las controversias relativas a invenciones de servicio; se amplía el concepto de secreto comercial; se mejora la regulación aplicable a indicaciones geográficas y denominaciones de origen; se exige la procedencia de indemnizaciones preestablecidas en caso de infracción marcaria; y se rebaja el arancel pericial para las solicitudes PCT en Fase Nacional en las que INAPI actuó como ISA/IPEA. Por otra parte, se modifica la Ley 20.254, ampliando las facultades del INAPI de recaudación de fondos por convenios nacionales e internacionales y otorgándole la calidad de parte en materia judicial. Por último, se modifica el Código Procesal Penal, estableciéndose que los tipos penales establecidos por la Ley de Propiedad Industrial son de acción penal pública.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.

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