La Sala de la Cámara de Diputados ratificó, por unanimidad de 111 votos a favor, el informe de conclusiones y propuestas emanado por la Comisión Investigadora de los programas gubernamentales calificados como de desempeño insuficiente y las razones administrativas y presupuestarias que explicarían su resultado. 
El texto, informado ante el Hemiciclo por el legislador Saldívar, concluye que en el Sistema de Evaluación de Programas no hay un criterio objetivo para determinar cuáles de ellos ingresan a evaluación, pues existe la práctica de suscribir un protocolo de acuerdo con la Comisión Especial de Presupuestos sobre los programas a incluir en el plan de evaluación del año siguiente, lo que agrega un componente político a la selección. 
En ese sentido, se sostiene que el sistema de evaluación que ofrece mejores condiciones de objetividad y cobertura es el Banco Integrado de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, pues tiene un objetivo acotado que se relaciona con la gestión de la inversión pública y la asignación de recursos.
Luego, el texto indica que la calificación de “Desempeño Insuficiente” de algunos programas por parte de la Dipres, obedece a que faltan datos que permitan determinar el buen funcionamiento de un programa. 
Por ello, insiste que los ministerios no entregan la información requerida sobre los beneficiarios, aunque, agrega, ello no obedece a una falta de voluntad, sino a que no se cuenta con la capacitación suficiente y con mecanismos eficaces para recoger, gestionar y procesar la información que se genera durante la ejecución de un programa determinado. 
Con respecto a lo anterior, el informe expresa que también hay que considerar que la no entrega de información por parte de los ministerios se explica por el propósito de resguardar los datos personales de los beneficiarios. 
En lo que se refiere a los programas gubernamentales revisados por la Contraloría General de la República, describe, se han constatado problemas de diseño, como también que no se cumplen con todos los objetivos propuestos y la carencia de indicadores que permitan efectuar una evaluación que sea eficiente o que dé cuenta realmente de la inversión pública versus la cobertura de los beneficiarios. 

Propuestas 

El informe recomienda fortalecer el rol del Ministerio de Desarrollo Social en las evaluaciones de los programas e iniciativas, ya sea en el control ex ante, en la etapa de diseño; en el control ex dure, en el proceso de seguimiento, y sin perjuicio de la posibilidad de realizar un control a los compromisos adquiridos por la Dirección de Presupuestos con los respectivos ministerios. 
Por otro lado, propone mejorar el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, mediante la incorporación de nuevos indicadores de evaluación en los programas, de carácter cualitativo, susceptibles de ser medidos, en aras de un proceso más objetivo. 
Además, implementar una unidad en el Congreso Nacional que se encargue de la evaluación de los resultados de los programas gubernamentales. 
En orden a optimizar el sistema general de evaluación, el texto llama a priorizar los programas a los que se asignan más recursos para su implementación, estableciendo la obligación de evaluar, a lo menos, los 10 programas que cuenten con los mayores recursos por año, independiente de la materia sobre la que traten; y sin perjuicio de evaluar aquellos con menos recursos. 
Así, se propone diseñar una instancia multisectorial que seleccione los programas a evaluar, a partir de un sistema objetivo que tenga como criterios fundamentales la atingencia, la consistencia y la coherencia de los programas. 
Enseguida, los parlamentarios recomiendan mejorar la entrega de información por parte de los ministerios, pero asegurando siempre el resguardo de los datos personales involucrados, particularmente cuando una de las razones de la calificación del desempeño insuficiente es la falta de evidencia y datos concretos. 
Se propone que las observaciones y sugerencias que realizan la Dipres y la Contraloría a los programas en ejecución se inserten en un procedimiento de mejora de las políticas públicas, cuya nota característica sea la colaboración entre los distintos órganos. 

Participación ciudadana 

Con respecto a esta materia, el texto recomienda propiciar la creación de un mecanismo de evaluación social que considere la participación ciudadana, como los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc), utilizando para ello las plataformas tecnológicas. 
En el plano jurídico, la Comisión propone que se modifique la normativa legal que corresponda, con el objeto de que todo programa, antes de implementarse por primera vez, cuente con aprobación técnica, tal como ocurre con las resoluciones de rentabilidad social (RS) que se requieren para proyectos de inversión. 
Por último, se llama a estudiar la modificación del reglamento del Decreto Ley 1.263, para resolver el problema que se presenta con los programas que reciben una deficiente evaluación de manera reiterada. 

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