La Corte Constitucional de Colombia participó en la audiencia pública de seguimiento sobre las problemáticas estructurales de La Guajira descritas en la sentencia T-302 de 2017.
Cabe recordar que en dicha sentencia la Magistratura constitucional colombiana constató una vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
En la audiencia pública, representantes de comunidades indígenas manifestaron las difíciles condiciones que padecen en el acceso de agua potable, alimentos y servicios de salud. Asimismo, el magistrado Rojas Ríos aseguró que la CC en diferentes pronunciamientos ha referido el caracter multicausal de la violación de derechos humanos que ha sufrido la población de La Guajira y la necesidad de adoptar una serie de medidas estructurales para solucionarlos.
Así, aseguró que los problemas de La Guajira descritos en la sentencia de 2017 requieren la intervención de diferentes autoridades, pues la ausencia de agua y alimentos, primero, conlleva la afectación de un amplio conjunto de derechos tales como la vida, la salud y la diversidad étnica y cultura; y segundo, es producto de un amplio conjunto de hechos y situaciones que no son atribuibles a una autoridad específica y que por la misma razón deben ser atendida a través del concurso de diversos órganos del poder público. Al cierre de la audiencia, el magistrado Reyes Cuartas señaló que la lucha contra la corrupción es una de las tareas más importantes que se necesita combatir, que se tomen en serio los medios sancionatorios para lograr que los recursos públicos ayuden en el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.
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