El Tribunal de apelación de La Haya confirmó una sentencia de primera instancia, sin precedentes, que obligaba al Gobierno holandés a redoblar sus esfuerzos para reducir las emisiones de efecto invernadero en los Países Bajos.
El fallo histórico, ratifica una sentencia de un tribunal de distrito de esa misma ciudad que en 2015 dio la razón a la Fundación Urgenda, que concluyó que el nivel de emisiones establecido por el Gobierno holandés para ese mismo año, de 2020, era insuficiente.
Además, ese tribunal afirmó que la consecuencia de un aumento de las temperaturas conllevaría el deshielo de las masas polares y la elevación del nivel del mar, que amenazaría la supervivencia de Holanda, país que tiene buena parte de su territorio por debajo del nivel del mar.
El Gobierno apeló aquel veredicto, argumentando que los tribunales no tienen derecho a tomar decisiones sobre este asunto. Por su parte, el Tribunal de apelación no está de acuerdo.
De acuerdo con Marjan Minnesma, director de la campaña puesta en marcha por la Fundación Urgenda, “la decisión del Tribunal de apelación es un aviso para todos los gobiernos. Deben actuar ahora o se les tomará en cuenta”.
Deber legal del Estado
Cabe recordar que el 8 de octubre dictó que el Gobierno debe tomar medidas para reducir las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero a al menos un 25% por debajo de los niveles de 1990 para 2020.
Los Países Bajos se han comprometido a reducir las emisiones en un 49% para 2030, pero hasta ahora solo ha logrado una caída del 13% con respecto a los niveles de 1990.
En su sentencia, el Tribunal de apelación cita el deber legal del Estado de cuidar a sus ciudadanos, lo que está consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo coincide con un informe histórico del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático que describe la drástica acción global requerida para estabilizar el clima de la Tierra a un nivel seguro.
Casos judiciales similares se hallan actualmente ahora en curso en varios países, incluidos los Estados Unidos, Bélgica, Noruega e Irlanda.
James Thornton, director ejecutivo de ClientEarth en Londres, un grupo internacional de abogados ambientales, planteó que “el litigio climático se ha convertido en una herramienta poderosa para responsabilizar a los responsables de la toma de decisiones por la inacción climática”.
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