Amnistía Internacional manifiesta en un informe que desde principios de junio, el Gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó su estrategia para la represión en una operación conocida como Operación Limpieza, dirigida contra las personas que protestaban, llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas.
Publicado seis meses después de que empezara una oleada de represión como respuesta a las protestas públicas por las reformas de la seguridad social, "Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua" documenta posibles violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que cometieron las autoridades de Nicaragua entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que “el presidente Ortega no sólo desplegó a la policía para detener arbitrariamente y torturar a manifestantes, sino que también usó a grupos parapoliciales fuertemente armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva”.
Por ello solicita que las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria durante las manifestaciones, en su caso. En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión.
Luego del primer informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de finales de mayo, la nueva investigación documenta que el Gobierno mantuvo e intensificó su estrategia deliberadamente letal para la represión, con la intención de detener las protestas y castigar a quienes participaban en ellas. El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo han dirigido esta estrategia, demonizando a menudo a quienes protestan para justificar la represión violenta y negando cualquier violación de derechos humanos.
A 18 de septiembre, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas. Entre las personas fallecidas 22 eran policías. Según informes, a 18 de agosto las autoridades nicaragüenses habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas. Sin embargo, Amnistía Internacional no tuvo conocimiento de ninguna persona procesada o detenida por violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, como tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Grupos parapoliciales armados con armas de guerra
A continuación, Amnistía asegura que las autoridades estatales han hecho un uso cada vez más generalizado de grupos parapoliciales armados con armas de uso militar, que trabajan a menudo conjuntamente con la policía, para disuadir de las protestas, aterrorizar a la población y destruir las barricadas levantadas por manifestantes. En el asedio a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, el 13 de julio, por ejemplo, grupos parapoliciales fuertemente armados atacaron indiscriminadamente a los y las estudiantes que se resguardaban en el campus, mataron a dos e hirieron al menos a 16, mientras la policía bloqueaba las salidas dejando atrapadas a más de 200 personas en el interior.
Amnistía Internacional ha documentado a policías y grupos parapoliciales armados con fusiles tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles PG-7. El uso de algunas de estas armas de guerra está prohibido en labores de seguridad pública.
Aunque, sostiene algunas de las personas que protestaban usaron morteros de fabricación casera y, según informes, una minoría recurrió al uso de armas de fuego como escopetas y fusiles, esto no justifica que las autoridades usaran —de forma generalizada, desproporcionada y en su mayor parte indiscriminada— medios letales contra todas las personas que protestaban. En su lugar, las autoridades debieron haber respondido con la mínima fuerza necesaria para restablecer la seguridad pública.
El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de derecho internacional.
Tortura y detenciones arbitrarias
El informe también destaca siete casos de probable detención arbitraria, así como violaciones del debido proceso, que fueron parte de la estrategia del Gobierno para disolver el movimiento de protesta. También revela que las autoridades emplearon la tortura para castigar a quienes protestaban, fabricar pruebas y obtener información sobre la organización y el liderazgo de quienes se manifestaban.
Amnistía Internacional documenta al menos 12 casos de posibles torturas, incluido uno de tortura sexual de una mujer joven en un centro de detención oficial. En varios casos, las víctimas tenían aún lesiones físicas cuando fueron entrevistadas, más de un mes después de haber sido torturadas.
De acuerdo a Amnistía, un número cada vez mayor de víctimas de violaciones de derechos humanos ha decidido no presentar denuncia ante las autoridades nicaragüenses por temor a las represalias. En lugar de realizar investigaciones puntuales, imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos, las autoridades han acosado y amenazado a menudo a las víctimas y a sus familias.
Desplazamiento interno y migración forzada
Luego, Amnistía asegura también que la crisis ha causado el desplazamiento interno y la migración forzada de miles de personas. El 31 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que casi 8.000 personas procedentes de Nicaragua habían pedido asilo en Costa Rica, mientras que otras 15.000 tenían cita para solicitar asilo en las siguientes semanas.
“Con la adopción de estrategias cada vez más despiadadas y sofisticadas para reprimir a su propio pueblo, el presidente Ortega ha empeorado la peor crisis de derechos humanos de Nicaragua en décadas, obligando a miles de personas a abandonar su hogar y buscar seguridad en otras partes del país o en la vecina Costa Rica. El gobierno de Ortega debe poner fin de inmediato a la violenta represión”, concluyó Erika Guevara Rosas.
El informe se basa en sendas visitas de investigación a Nicaragua y Costa Rica realizadas en julio y septiembre, respectivamente, en las que Amnistía Internacional hizo 115 entrevistas y documentó 25 casos de violaciones de derechos humanos. Además, un equipo de personas expertas examinó más de 80 piezas de material audiovisual y fotográfico para proporcionar un análisis contextual al informe.
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