Diversos derechos afectados.
CC de Colombia acogió tutela deducida por cinco comunidades indígenas de Urubia-La Guajira por la escasez de agua potable que sufren.
La Magistratura Constitucional colombiana tuteló los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al agua potable.

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela incoada por las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet Juisharou, Topia y Tres Bocas, ubicadas en el municipio de Uribia–La Guajira, contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía del municipio de Uribia S.A.S. E.S.P.
En el libelo, los accionantes indicaron que se vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al agua potable, a la igualdad, y a la diversidad étnica y cultural de los miembros de las comunidades que representan, debido a que están atravesando una crisis humanitaria a raíz de la escasez de recursos básicos en la población, especialmente en lo que tiene que ver con el agua potable, viéndose afectados principalmente los niños, adolescentes y madres gestantes y lactantes, como consecuencia que las recurridas no han desplegado las acciones necesarias para garantizar el suministro mínimo vital de agua potable.
En su sentencia, la CC colombiana señaló que el acceso al agua se relaciona directamente con otros derechos fundamentales, tales como la vida, la salud, la alimentación y la dignidad humana y ostenta en sí mismo la calidad de derecho fundamental. Así, la garantía del derecho al agua potable no se satisface con la mera prestación del servicio, sino que ésta debe cumplir con al menos tres componentes esenciales: accesibilidad, disponibilidad y calidad. Por tanto, consideró que existe una vulneración del derecho fundamental al agua potable de las comunidades demandantes, incluyendo el de los menores de edad que habitan en dichas comunidades, en la medida en que no se logra verificar el cumplimiento de los componentes de accesibilidad, disponibilidad y calidad. Lo anterior, por cuanto si bien las autoridades accionadas reportaron datos de cobertura y avance en cuanto al suministro del líquido vital, no se indicó cómo se han beneficiado las comunidades accionantes de los planes y programas implementados, ni se aportaron pruebas que permitan inferir una superación del estado de crisis en términos de la garantía del servicio en condiciones de accesibilidad, salubridad, sostenibilidad y suficiencia.
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