En una reciente publicación del medio colombiano diariodelhuila, se da a conocer el artículo “Mal acostumbrados con el activismo judicial”, del abogado German Alfonso López Daza.
El autor sostiene que la decisión de la Corte Constitucional colombiana que decidió ratificar la despenalización del aborto en tres casos concretos -tomada hace más de 12 años con la sentencia C-355 de 2006-, le dejó al Congreso de la República la tarea de legislar el límite para la interrupción del embarazo, cuestión que muy difícilmente podrá regular y desde ya se puede prever que no pasará nada.
Añade que la experiencia ha demostrado que los Honorables Padres de la patria han evadido la responsabilidad de normatizar los temas espinosos del constitucionalismo colombiano. Es por ello que el Alto Tribunal constitucional ha debido tomar decisiones que en ocasiones invaden la competencia del legislador.
Asimismo plantea que el foro natural de la democracia se convirtió en un escenario pasivo que no legisla en asuntos delicados como el aborto, la eutanasia, la dosis personal, el matrimonio de parejas homoparentales, la adopción de menores por homosexuales, etc. Prefieren pasar de agache y dejar vacíos normativos, antes que tomar posturas serias que regulen derechos fundamentales y protejan al pueblo colombiano.
Además comenta que los anteriores magistrados de la Corte Constitucional han “legislado” en temas complejos que han generado controversia. Su jurisprudencia hizo avanzar el constitucionalismo colombiano, colocándolo como ejemplo a nivel mundial. No es el camino natural pues para ello existe el Congreso que debería hacer este trabajo, pero ante su pasividad tuvieron que hacer uso de sentencias activistas que en ocasiones le han valido críticas por invadir la esfera del legislativo.
Ahora, añade que con los nuevos magistrados que ingresaron hace algunos meses, se cambió la tendencia protectora y activista de la anterior Corte y se está buscando corregir el camino abierto desde hace más de dos décadas, ordenando al parlamento que legisle en materia de corridas de toros y maltrato animal, consultas populares para la actividad minera y limitación del aborto.
Finalmente arguye que pese a la buena intención de la Corte de reconocerle al Congreso su función legislativa, el panorama es oscuro, pues se sabe que finalmente este no tomará decisiones. El ciudadano deberá seguir acudiendo a la tutela para reclamar sus derechos.  

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